Secuestro de migrantes
Una realidad en la que viven los transmigrantes es la privación ilegal de su libertad para que familiares o amigos realicen aportaciones económicas a grupos criminales, medida que les permite continuar su paso hacia Estados Unidos.
Desde el 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2020, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) detectó más de 70 mil casos de personas en contexto de movilidad que fueron víctimas de tráfico y secuestro en México.
Los estados de la República Mexicana con más casos de secuestro en perjuicio de personas en movilidad son Chiapas, Nuevo León, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, es decir, en gran parte de la ruta conocida como la del Golfo de México.
El reporte de la CNDH muestra que las personas más afectadas por los secuestros son nacionales de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Cuba, es decir, de países centroamericanos y del Caribe.
De forma lamentable, las acciones que realizan las autoridades migratorias, de seguridad pública y procuración de justicia, se relacionan con la persecución y sanción de los delitos de tráfico ilícito y secuestro en perjuicio de los transmigrantes que buscan llegar a Estados Unidos.
Ante el panorama, se hizo un llamado a fortalecer las políticas públicas con perspectiva de derechos humanos para atender a quienes transitan por México en busca de cumplir el llamado “sueño americano”, especialmente a quienes son víctimas de tráfico y secuestro.
La CNDH resaltó la importancia de que México cuente con un Protocolo Homologado de Actuación especializada en el tema de violaciones a los derechos de los migrantes para que se garantice un procedimiento de coordinación entre las autoridades.
Al final, como lo establece la CNDH, es fundamental que las autoridades emprendan acciones de coordinación en los tres niveles de gobierno para impulsar el combate al tráfico y secuestro de personas migrantes en el que se incluya el fortalecimiento de las instituciones, la prevención del delito, la procuración de justicia y el respeto de los derechos humanos de las personas sin importar su país de origen.
Hoy, es urgente que se fortalezcan las instituciones para que se pueda garantizar la seguridad pública, prevenir e investigar la comisión de conductas delictivas y se identifiquen a los responsables de violaciones de derechos humanos de los transmigrantes.