AMLO deja a la Corte decisión sobre Guardia
Reforma. El Presidente advierte que no dará marcha atrás en su intención de pasar el mando de esa corporación al Ejército; “es bueno para el pueblo aunque no le guste a las minorías”
El presidente Andrés Manuel López Obrador dejará en manos de la Suprema Corte determinar si es constitucional su propuesta de que la Guardia Nacional dependa por completo de la Sedena.
En la conferencia mañanera desde Palacio Nacional, el mandatario aseguró que el cambio seguirá la misma ruta que la ley eléctrica, pero dejó en claro que al mismo tiempo se enviará una iniciativa de reforma constitucional para que la analice el Legislativo.
Sin embargo, advirtió que no se va a echar para atrás con su propuesta de un acuerdo, porque “sí es bueno para el pueblo, aunque no les guste a las minorías”.
El lunes, López Obrador anunció que a través de un acuerdo presidencial el mando de la Guardia Nacional pasará de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la Secretaría de la Defensa.
Explicó que la intención es consolidar la estrategia de seguridad para dar buenas cuentas; sin embargo, aseguró que de todas maneras enviará una iniciativa al Congreso para que el cambio quede formalizado en la Constitución y no solo de manera administrativa.
Lo anterior, pese a que desde junio pasado la alianza Va por México, formada por PAN, PRI y PRD, mantiene una “moratoria constitucional”, cuyo objetivo es frenar reformas del Presidente, como la de la Guardia Nacional.
Ayer, el mandatario manifestó: “Voy a enviar una iniciativa de ley para una reforma constitucional, pero haré lo mismo que hice con la reforma a la ley eléctrica: como sé que los conservadores están en huelga, no legislan —ojalá y no cobraran—, no están trabajando y todo lo rechazan, entonces no vamos a tener posiblemente la
mayoría absoluta, dos terceras partes, pero sí podemos tener mayoría de votos en la Cámara y el Senado y con eso podemos modificar leyes sin dejar de presentar la iniciativa.
“Si no se aprueba la nueva Constitución, pues se va a aprobar la reforma de ley. Ya lo anunciaron (los opositores), que están en su derecho, y van a ir a la Suprema Corte a impugnar, a decir que es inconstitucional”.
Aseguró que si se concreta el cambio, la Guardia Nacional seguirá siendo un cuerpo de seguridad de carácter civil pero adscrito al Ejército. Sin embargo, no aclaró cómo se va a encuadrar la propuesta para lograrlo.
López Obrador explicó que publicar un acuerdo para llevar a cabo el cambio no significa una medida autoritaria, porque no se está violando la Constitución y la decisión final sobre el tema la tendrá la Suprema Corte.
“Ya no depende, como era antes, del Presidente. Antes el Poder Legislativo y el Poder Judicial dependían del Ejecutivo, así era la simulación. La Constitución se respetaba en la forma y se violaba en el fondo. El poder de los poderes era el titular del Ejecutivo. Ahora no es así.
“Entonces por eso estamos viviendo tiempos interesantes, pero no voy yo a rendirme. Nunca me he echado para atrás. Si tengo la razón, estoy bien con mi conciencia, si sé que es bueno para el pueblo, aunque no les guste a las minorías, adelante”, remarcó el titular del Ejecutivo.
Asimismo, recordó lo que sucedió con la reforma eléctrica, que fue rechazada por “conservadores”, “vendepatrias” y “traidores a la patria” que no defendieron a las empresas públicas, como la Comisión Federal de Electricidad y Pemex.
Sin embargo, puntualizó que en aquella ocasión la Suprema Corte determinó que era constitucional la Ley de la Industria Eléctrica, por lo que confió que ahora pase algo similar.
Al defender la reforma a la Guardia Nacional, subrayó que es urgente garantizar la paz y la seguridad en el país, por lo que se requiere de elementos profesionales como los que tienen el Ejército y la Marina.
Para demostrar sus dichos, el Presidente mostró una encuesta del Inegi para demostrar la aceptación que tienen las fuerzas armadas entre la sociedad.
Las cifras de junio de 2022 revelan que la Marina tiene la confianza de 86.6 por ciento de la población; el Ejército, 83.3 por ciento; la Guardia Nacional, 74.5 por ciento; las policías estatales, 50.3 por ciento, y las municipales, 45. 5 por ciento.