Guardia Nacional: inconstitucional, pero constitucional
Los recursos legales para combatir la inconstitucionalidad del acuerdo presidencial que pretende trasladar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa tienen problemas serios.
No hay discusión jurídica que dar, el acuerdo no es compatible con lo que dice la Constitución ni la ley de la Guardia Nacional: ambos ordenamientos establecen que esta dependencia debe ser civil y por tanto estar adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Sin embargo, los mecanismos previstos para combatir el acuerdo anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador —la acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional y el amparo— podrían no servir de nada.
Si el mandatario solo emite el acuerdo y opta por no reformar ninguna ley, sería improcedente la acción de inconstitucionalidad.
Si bien ha hecho referencia a una posible reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, habrá ya calculado que la mejor manera de inhibir los argumentos de la oposición sería no tocar los ordenamientos secundarios.
La controversia constitucional es otro de los mecanismos para derrotar el acuerdo. Aquí el problema radica en encontrar al actor dispuesto a ponerle el cascabel al animal. Es poco factible, por ejemplo, que uno o varios goberna
Será militar sobre todo porque en la portería no había portero
dores se animen a presentar una controversia sabiendo que tal cosa significaría un pleito con las fuerzas armadas que terminaría afectando a su respectiva entidad.
El control que tiene Morena sobre las cámaras de Diputados y Senadores, así como sobre los Congresos locales, hace igualmente difícil imaginar que el Poder Legislativo optara por la controversia. Lo mismo sucede con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuya titular fue militante de Morena hasta hace pocos minutos.
Queda como último recurso el amparo, pero ya vimos lo que ha hecho la Suprema Corte con los amparos relacionados con esta materia: duermen y seguirán durmiendo en el archivo de la ignominia.
Zoom: si ninguno de los tres mecanismos democráticos para combatir los actos de inconstitucionalidad va a activarse en contra del acuerdo, la Guardia Nacional será militar sobre todo porque en la portería no había portero.
La tarde-noche del martes en Jalisco y Guanajuato se vivieron horas de terror cuando el Cártel Jalisco Nueva Generación hizo otra demostración de su capacidad de fuego y organización.
Ayer, en la reunión de seguridad en Palacio, el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, informó al Presidente de la República que la reacción derivó de un operativo militar en Ixtlahuacán del Río, Jalisco, tras conocer un encuentro de dos jefes de ese cártel (El Apá y El RR), que, según le dijo muy claro, no habían podido detener: No los ubicamos, se está realizando un cerco y esperemos que con la luz del día podamos identificar dónde están escondidos.
Tras esa acción, la respuesta de ese cártel fue de pavor. Empezaron en Zapopan a eso de las 19:30, donde quemaron seis vehículos y el primero de los comercios, empezaron a bloquear carreteras.
Siguieron en Guanajuato: Celaya, Irapuato y la misma ciudad capital. Quemaron 32 establecimientos, Oxxos, gasolineras y farmacias. Se extendió a Silao León, Purísima y San Francisco del Rincón y a otros más hasta sumar 35 de los 46 municipios de ese estado.
Los videos en redes confirman la violencia de estos delincuentes, cómo amedrentan, insultan, a mujeres, hombres, niñas y niños, gritando el nombre de su líder El Mencho, todos con equipamiento militar y las siglas CJNG.
Fue un mensaje, sobre todo al gobierno federal, de su poder de organización, extensión y control territorial.
Que sigan los abrazos.
RETALES
1. MARINOS. La alcaldesa de Acapulco, la morenista Abelina López Rodríguez, comisionó a los marinos Óscar Manuel González y Victoriano Rodríguez al senador de Morena José Narro y éstos han desaparecido. Ni la alcaldesa, ni Narro y, peor, la Secretaría de Marina no ha respondido. ¿Dónde están los marinos? Nadie sabe, todos callan;
2. CÁRTELES. Para dejar en claro que la investigación al cártel inmobiliario de Benito Juárez es un caso totalmente penal, la fiscalía capitalina tienequeincluirenlainvestigaciónalasdesarrolladoras, constructoras e inmobiliarias que por años han operadoenlosterrenosdelacorrupción.Y,además, extenderlo a otras alcaldías como la Miguel Hidalgo, donde permisos de construcción y usos de suelo se han dado en medio de la colusión; y
3. REMOCIÓN. No me refiero a escombros, aunque podría ser. Ayer sesionaron 21 diputados oficialistas, de los 38 que integran la comisión de Gobernación de San Lázaro, ninguno de la oposición, y aprobaron citar el martes para destituir al priista Alejandro Moreno de su presidencia. La entrada fue por lista y solo para los legisladores morenos. La Junta de Coordinación Política debe determinar su destitución y la Mesa Directiva preguntar a la FGR el estado de las denuncias en su contra.