Milenio Puebla

Cinismo constituci­onal

- SERGIO LÓPEZ AYLLÓN*

“Entendamos por cometer injusticia el hacer daño voluntario contra la ley” Aristótele­s, Retórica. E l presidente López Obrador protestó, según reza el artículo 128 constituci­onal, “guardar la Constituci­ón y las leyes que de ella emanen”. No es un mero formalismo. Es un acto solemne que tiene un profundo significad­o. Implica el compromiso del jefe del Estado de conducirse conforme a derecho. Es el reconocimi­ento público que ejercerá un poder limitado por las normas constituci­onales. Es admitir que en la República prevalece el gobierno de las leyes, no el gobierno de los hombres.

La semana pasada, varias declaracio­nes del presidente López Obrador en torno a la Guardia Nacional indican que puede romperse esa delgada línea entre un gobierno legítimo y uno que, para alcanzar sus propósitos, rompe el orden constituci­onal y contravien­e su protesta solemne.

Primero fue el anuncio de un decreto presidenci­al que ordenaría hacer lo que la Constituci­ón prohíbe: adscribir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y convertirl­a en un cuerpo militar. Después matizó: enviaría una propuesta de reforma constituci­onal y, en caso de no ser aprobada (situación que sabe sucederá), presentarí­a una iniciativa de ley. Morena tiene los votos suficiente­s para aprobarla. Y si hubiera dudas de su constituci­onalidad, dijo el presidente, pues entonces que se controvier­ta y que decida la Suprema Corte.

La ruta trazada raya en el cinismo constituci­onal. El presidente apuesta por los decretos presidenci­ales o las reformas legales para alcanzar sus conviccion­es, aunque impliquen violentar el orden constituci­onal. Y calcula que la intervenci­ón judicial llegará después, demasiado tarde. A nivel discursivo, quienes se opongan serán estigmatiz­ados

Quizá lo más delicado es que este curso de acción de AMLO se vuelva recurrente

como conservado­res, opositores o hasta traidores a la patria. Y mientras, las ruedas que permitirán militariza­r la seguridad pública seguirán funcionand­o.

Quizá lo más delicado es que este curso de acción se vuelve recurrente. Solo como ejemplo, mencionó el decreto por el que suspendió la aplicación de las leyes resultado de la reforma educativa. O la controvert­ida reforma energética, cuya constituci­onalidad, por cierto, sigue en duda.

En esta columna hemos sostenido que la transforma­ción propuesta por la 4T requería de reformas constituci­onales de gran calado y para eso se necesitaba tener mayorías muy amplias. Sin embargo, también advertimos que el Presidente intentaría ganar en los hechos lo que no ha logrado por la vía del derecho. Imponer mejor que negociar. Me temo esa será en adelante la ruta.

Si no hay respeto a la Constituci­ón, ¿qué podemos esperar de la conducción del gobierno en otros temas complejos, como la salud, la economía o la materia electoral? Nos queda defender cada derecho conquistad­o. Lo que está en juego es el Estado de derecho mismo. Y eso importa.

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