El mayor encontronazo de la Corte y AMLO
Cuatro de cada 10 personas que están en prisión son, para la Constitución, inocentes. No se les ha dictado una sentencia condenatoria.
La mayoría está ahí por esa figura condenada por organismos internacionales y tratados de los que México es parte: la prisión preventiva oficiosa. Ese ha sido el truco de la pro curación de justicia mexicanapara castigar sin sentenciar, para joder sin enjuiciar, para investigar después de encarcelar. Para torturar y chantaje ar.
No es nuevo, por supuesto. Cuando llegó el nuevo sistema de justicia hace unos años escuchamos a procuradores y gobernantes hablar de la “puerta giratoria” con tal de aumentar el catálogo de delitos que ponen a la gente en prisión años, muchos años, sin ser juzgada. Todos los estudios señalan, por ejemplo, que esa modalidad afecta siempre a los más pobres, impedidos de tener abogados que utilicen las vías del sistema con eficacia para impedir la arbitrariedad.
Pero nunca se había aumentado el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa como en este sexenio. Ha sido una petición del Presidente cumplida por sus legisladores.
La razón es porque, como tantas cosas con Andrés Manuel López Obrador, sirve a su narrativa expresada cada mañana. Lo hemos escuchado varias docenas de veces —creo que no me equivoco en el número— presumir cómo solo con él en Palacio Nacional la corrupción y otros delitos ya son “delito grave”. Lo que quiere decir siempre que habla de eso es de la
Una petición del Presidente cumplida por sus legisladores
prisión preventiva oficiosa. Es decir, encarcelemos y luego averiguamos.
La Suprema Corte discutirá los próximos días dos proyectos que por diferentes vías terminarían con la prisión preventiva oficiosa. Uno del ministro Luis María Aguilar y el segundo de la ministra Norma Piña. Sabemos que el ministro presidente, Arturo Zaldívar, y un par más también consideran la modalidad una aberración. Pero se necesitan ocho votos.
Terminar la oficiosa no terminaría la prisión preventiva, nada más que ahora las fiscalías tendrán que argumentar por qué necesitamos tener a alguien en prisión mientras es juzgado, es decir, mientras se le presume inocente. Y se tienen varias modalidades para que el acusado no huya. Hay que chambear y usarlas.
Si la SCJN hace lo correcto, se acabará aquello del “delito grave” como narrativa político-electorera para AMLO y para muchos más, y la constitucional presunción de inocencia empezará a ser una realidad.