En revés a los decretazos
Está demostrado que erradicar la corrupción en el sector público, así como la inseguridad pública, solo por decreto, es insuficiente.
De la delincuencia impune y la inseguridad pública, lo que ocurre en todos los rincones del territorio nacional mide el resultado de los abrazos y no los balazos.
La delincuencia organizada está de plácemes con la estrategia y los delincuentes comunes se reproducen y engrosan las filas de peligrosas células criminales en los estados.
Pero en materia del combate a la corrupción, el caso en Segalmex contrasta con el discurso oficial de que no son iguales a los gobiernos neoliberales.
Cuando escuchamos las explicaciones de que pillan a algunos que recibieron dinero ilegal, literal, por debajo de la mesa, a los fajos de billetes de procedencia ilícita les llamaron “aportaciones al movimiento”; supongo que al “movimiento” de cuentas bancarias.
También, por decreto, no se erradica la corrupción en el sector público y en este gobierno se ha convertido en un escándalo el millonario robo en Segalmex que le confiaron al salinista Ignacio Ovalle.
Se ha revelado la existencia de una demanda ante la Fiscalía General de la República por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
A través de Servicios Integrales
Carregin, la empresa “fantasma” en 2020 firmó un convenio por 465 millones de pesos para vender 25 mil toneladas de azúcar a Segalmex.
Dos ciudadanos humildes fueron utilizados como “accionistas” de la empresa “fantasma” Carregin, la cual ya fue denunciada ante la FGR por las ventas inexistentes de azúcar a Segalmex, reveló Mexicanos contra la Corrupción.
Uno de los apoderados de Carregin, contra quien la FGR solicitó orden de aprehensión, participa también en otras dos empresas que han recibido más contratos en Segalmex por 52 mdp.
La FGR también solicitó la aprehensión de Eduardo Alejandro Murillo Landeros, uno de los apoderados legales de Carregin, pues desempeñaba el mismo cargo en Gainmate y Comercializadora Aservayan, empresas beneficiarias de 15 contratos por adjudicación directa en Diconsa por 19 mdp, documentó MCCI. Un acto de deslealtad de ex funcionarios federales al Presidente y el movimiento de la 4T.