Hallan desvíos por 35 mdp en apoyo a jóvenes y empleo
Revisiones de la ASF muestran irregularidades en el programa social y la plataforma digital, incluido el pago de más de 350 mil pesos a personas que ya habían fallecido
CIUDAD DE MÉXICO
En los dos primeros años del actual gobierno, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) acumuló irregularidades en la aplicación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y en la operación de la Plataforma Digital del Servicio Nacional de Empleo que sumaron más de 35 millones de pesos de recursos públicos por aclarar o devolver.
Debido a que la plataforma de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la que se reportan los avances en la atención de observaciones no funcionaba al cierre de esta edición, no fue posible verificar si la secretaría ya atendió lassolicitudesdeaclaraciónydereembolso de los montos señalados.
En materia de inspección a las condiciones laborales de los centros mineros del país, la dependencia encabezada por Luisa María Alcalde recortó el presupuesto para verificaciones, no colaboró con las empresas del ramo y solamente “efectuó sus labores de manera inercial”.
Así lo revelan las cuatro auditorías que la ASF ha realizado hasta ahora a la dependencia, las cuales todavía no incluyen la revisión al ejercicio fiscal 2021.
Sin revisiones
En 2019, la STPS comenzó a operar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, política emblema para apoyar a personas de entre 18 y 29 años a vincularse con el campo laboral mediante prácticas profesionales, siendo aprendices en empresas formales a cambio de una beca de 3 mil 600 pesos mensuales pagada por el gobierno.
Sin embargo, de acuerdo con las observaciones de la ASF, la aplicación del programa se hizo sin rigor, sin datos precisos y con desorden tal que ni siquiera se explicó por qué de 40 millones de pesos presupuestados, los recursos se ajustaron a solo 23.9 millones de pesos.
Además, no se definieron ni el área responsable ni las medidas para supervisar la ejecución del programa, sus lineamientos cumplieron apenas con la mitad de lo requerido por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y no se pudo comprobar que los beneficiarios recibieran los 12 pagos que les correspondían ese año.
La falta de medidas de supervisión se reflejó en que no se definieron mecanismos y procedimientos para vigilar que se cumplieran los requisitos y documentación de beneficiarios y centros de trabajo, lo que derivó que en el padrón se encontraran deficiencias y omisiones.
Ese año, según la ASF, la Secretaría del Trabajo “no acreditó el mecanismo para evaluar y asegurar que los egresados del programa adquirieron o fortalecieron las habilidades técnicas y socioemocionales señaladas en las constancias de capacitación entregadas a los becarios que concluyeron con la capacitación”.
Y tampoco acreditó “contar con métricas, metodologías, indicadores ni metas para determinar en qué medida se incrementó empleabilidad y la inclusión en el mercado laboral”.
La ASF recomendó reestructurarintegralmenteelprogramacon base en un diagnóstico confiable y definir indicadores precisos.
Para 2020 comenzaron las irregularidades en los recursos públicos, que derivaron en solicitudes para aclarar cómo se usaron 3.1 millones de pesos y para devolver 28 millones más.
La ASF pidió a la secretaría aclarar por qué se pagaron 3.1 millones de pesos al IMSS por 17 mil 283 personas que recibieron atención médica sin que se demostrara que estaban en el padrón de beneficiarios ni que se capacitaban en un centro de trabajo registrado en el programa.
Pero, más allá de la aclaración de ese monto, la ASF advirtió de un probable daño patrimonial por más de 28 millones de pesos por irregularidades en el uso de los recursos, empezando porque se “pagaron” 351 mil 720 pesos a personas que ya habían fallecido.
Además, se ejercieron 19.6 millones de pesos en mil 315 beneficiarios que sí estudiaban y que ya estaban en otro programa, el de Jóvenes Escribiendo el Futuro, a cargo de otra dependencia, por lo que recibieron doble beca, violentando las leyes en la materia.
Por la falta de rigor en la revisión de los beneficiarios inscritos, la STPS pagó 2.2 millones de pesos a personas registradas como tutores; 1.5 millones de pesos que eran representantes de las empresas participantes, 1.04 millones a gente que ya tenía un trabajo y 153 mil 400 pesos a personas que en realidad eran servidores públicos.
Servicios deficientes
En 2020 la STPS contrató al Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación para que prestara Servicios Integrales de Tecnología para la Plataforma Digital del Servicio Nacional de Empleo.
Sin embargo, los trabajos realizados por ese organismo público no coinciden con todo lo establecido en el contrato, por lo que la secretaría debe aclarar por qué pagó 7.1 millones de pesos por órdenes de servicio que no cumplen con todas las funcionalidades señaladas en la documentación contractual y que no se encuentran operando en ambiente productivo.
Mineros olvidados
En el rubro de sus obligaciones de inspección y seguimiento de las condiciones laborales de los centros mineros del país, la ASF encontró que la Secretaría del
Trabajo recortó el presupuesto de 2019 para verificaciones, que no colaboró con las empresas del ramo y solamente “efectuó sus labores de manera inercial”.
En la auditoría practicada al ejercicio fiscal 2019, la ASF señaló irregularidades, pero sobre todo omisiones, en la supervisión de esos centros de trabajo.
Sobre todo, la ASF reportó que durante 2019 la STPS no profundizó sobre la problemática regulatoria y laboral de los diversos sectores, incluido el minero, ni se determinaron los que requieren atención prioritaria, no se presentaron datos actualizados, ni se cuantificaron y georreferenciaron a los centros de trabajo con deficiencias laborales.
La revisión derivó en 19 recomendaciones, las cuales, supuestamente, ya fueron atendidas.
Por falta de rigor se destinaron 1.04 millones de pesos a beneficiarios que ya tenían trabajo