La militarización en México
El Ejército no había sido un tema de discusión en México. No lo fue durante décadas, ni siquiera durante los años de la transición, a diferencia de lo que ocurrió en el resto de las transiciones en Hispanoamérica, desde España hasta Chile. Lo comenzó a ser a raíz de los operativos conjuntos para combatir el crimen organizado, durante la presidencia de Felipe Calderón. Hoy es un tema que está en el centro de la discusión en México.
Integralia Consultores dio a conocer este mes un reporte especial: La militarización en México: hacia una consolidación de una política de Estado (2006-2022). El reporte afirma que la militarización ha sido consolidada tras aprobar el Senado, este 8 de septiembre, que la Secretaría de la Defensa Nacional asuma la operación y administración de la Guardia Nacional, que estaba formalmente bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Documenta que, desde 2006, con el inicio de la guerra contra el narco, el presupuesto asignado a las Fuerzas Armadas tuvo un incremento dramático de más de 60 por ciento (sobre todo en los últimos cuatro años). Muestra que desde 2018, las Fuerzas Armadas han tomado el control operativo y directivo de muchas funciones en áreas estratégicas ajenas a su naturaleza, como la construcción de carreteras, ferrocarriles y aeropuertos; la administración de las aduanas; la participación en la operación de programas sociales, como la distribución de medicinas y la construcción y administración de sucursales de bancos. Al mismo tiempo, la violencia también ha crecido desde 2018: la tasa de extorsión por cada 100 mil habitantes aumentó a 32.6 por ciento y la tasa de narcomenudeo a 36.5 por ciento. Es decir, el despliegue de las Fuerzas Armadas no ha disminuido la inseguridad en México.
Todo esto conlleva riesgos que tienen implicaciones, señala el reporte de Integralia Consultores. Habrá un desequilibrio en la relación de la autoridad civil con respecto de la militar, que aumentará su peso en la toma de decisiones de gobierno fuera de un contexto bélico e inhibirá la modernización de las otras instituciones del Estado. Habrá también un debilitamiento del pacto federal, como consecuencia del abandono de las policías estatales y municipales, el cual amenaza la tarea urgente de equipar y profesionalizar a estas policías, necesarias para combatir la inseguridad pública (“la militarización es incompatible con la proximidad que requiere la pacificación”). Habrá un aumento de la violación a los derechos humanos —lo ha habido ya— al recurrir el poder cada vez más a las Fuerzas Armadas, que actúan por su naturaleza con un grado de letalidad mayor al de las policías, y que están, al mismo tiempo, menos sujetas a mecanismos de contrapeso y rendición de cuentas. Argumenta, en fin, que la entrega de recursos y facultades al Ejército, junto con los elogios que recibe desde el gobierno, que lo arropa y lo mima, corren el riesgo de incentivar a las Fuerzas Armadas “a alejarse de la lealtad institucional a la Constitución federal y acercarse a la simpatía y el respaldo al proyecto político del gobierno en turno”. Es la pregunta implícita en el documento. ¿Por qué le ha dado tanto el gobierno de Morena a las Fuerzas Armadas?