Puebla, receptor y paso de migrantes
El estado de Puebla, al estar ubicado en el centro de México, ya se convirtió en un punto de salida, paso y llegada de personas que buscan mejorar sus condiciones de vida y la de sus familias sin importar el costo que se pueda presentar.
Perder la vida, es una posibilidad; sin embargo, la esperanza de conquistar el llamado “sueño americano” cada vez es más fuerte y se traduce en un aliciente para avanzar hacia un lugar desconocido y del que, quizá, no haya retorno.
De manera particular, Puebla es un estado receptor y paso necesario de personas migrantes provenientes de Centroamérica, principalmente de los países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, es decir, de países como Guatemala, Honduras y El Salvador.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en México, destacó que año con año, se registra un aumento significativo en flujo migratorio, en particular, de las personas que provienen de Centroamérica.
Los principales peligros que enfrentan las personas migrantes en su recorrido por México, incluido el estado de Puebla, son las extorsiones, secuestros, hasta homicidios o desapariciones por parte de grupos delictivos.
Sin duda que, ante la agudeza de las condiciones de desempleo y pobreza de los países latinoamericanos, los flujos migratorios en tiempos de la postpandemia de la covid-19 están registrando aumentos significativos.
La Unidad de Política Migratoria (UPM) de la Secretaría de Gobernación (Segob) reporta que cuatro de cada cinco migrantes que son detenidos en su camino hacia Estados Unidos por parte de las autoridades migratorias provienen del Triángulo Norte de Centroamérica.
Un tema que no se puede perder de vista es el paso de los niños y, en general, de los menores de edad en situación de movilidad. El fenómeno está creciendo y cada vez es mayor el número de infantes que viajan solos o acompañados con el objetivo de reencontrarse con sus familiares y de mejorar sus condiciones de vida.
Al final, por su situación de vulnerabilidad, todos los migrantes y, en particular, los menores de edad, necesitan de mecanismos y servicios de protección de sus derechos, incluyendo el que garantice el respeto a su vida y a su integridad.
Ante el panorama, es urgente que las autoridades de los tres ámbitos de gobierno desarrollen políticas públicas que tiendan a construir paso seguro, regular y respetuosa de los derechos humanos de toda persona.