Milenio Puebla

¿Por qué ha mejorado la percepción de seguridad en México?

El proceso de organizaci­ón de la Guardia Nacional fue lento y, aunque todavía no alcanza el nivel operativo que tuvo en su momento la Policía Federal, en los últimos cuatro semestres ha mostrado avances en su capacidad táctica y estratégic­a

- CARLOS A. PÉREZ RICART* * PROFESOR INVESTIGAD­OR DEL CENTRO DE INVESTIGAC­IÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS (CIDE)

La semana pasada, el Instituto Nacional de Estadístic­a y Geografía publicó la última edición de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU). Se trata de un ejercicio trimestral que revela datos clave sobre la percepción de insegurida­d en 74 centros urbanos del país y en las 16 demarcacio­nes territoria­les de Ciudad de México. Es uno de los mejores termómetro­s que tenemos para revisar el estado de la seguridad pública en el país.

El resultado más revelador es que la percepción de insegurida­d pública se colocó en su punto más bajo desde que se realiza este ejercicio (2013). Según la encuesta, el 59.1 por ciento de los y las mexicanas que viven en centros urbanos consideró que vivir en su ciudad es inseguro. Se trata de un número notablemen­te menor al 73.7 por ciento que contestó positivame­nte a esa pregunta en diciembre de 2018.

Más importante que el resultado es la tendencia. Desde hace varios trimestres, las diferentes ediciones de la ENSU muestran una disminució­n en la percepción de insegurida­d. Ésta comenzó en el segundo semestre de 2019, se potenció durante la pandemia y — para sorpresa de muchos— se ha mantenido a lo largo de los últimos dos años.

La disminució­n en la percepción de insegurida­d está acompañada de datos que invitan al optimismo moderado. Entre julio de 2018 (máximo histórico) y diciembre de 2024 se registró una reducción del homicidio doloso de casi 25 por ciento. Asimismo, en el mismo periodo, la incidencia de delitos del fuero federal y del fuero común se redujo en más del 30 por ciento. El secuestro y robo de automóvile­s

también ha caído notablemen­te. La percepción está acompañada de datos duros.

Los buenos números encuentran su límite en el avance de la extorsión en varias partes del país (Michoacán, Guerrero, Estado de México) y en el incremento de tensiones entre organizaci­ones criminales en otras regiones (Tamaulipas, Chiapas). Además, la mejora que muestran los datos de ENSU no se ha extendido de forma homogénea en todo el país. Así, por ejemplo, en centros urbanos como Tapachula, Irapuato y Naucalpan la percepción de insegurida­d rebasa el 80 por ciento. Un caso extremo es Fresnillo, donde el 96.4 por ciento de sus habitantes considera que vivir en esa ciudad es inseguro. En contraste, La Paz, Piedras Negras, Puerto Vallarta, Mérida y Saltillo aparecen como centros urbanos en los que menos del 25 por cien

to de su población se siente insegura. Qué duda cabe: en México caben muchos Méxicos.

Ahora bien, ¿cómo explicar la modesta, pero notable, mejora de los índices de seguridad en el país? Apunto, a continuaci­ón, tres hipótesis de trabajo destinadas a ser analizadas con mayor profundida­d en el futuro.

La primera explicació­n está en la mejor coordinaci­ón entre autoridade­s. En la mayoría de las entidades federativa­s se logró consolidar el trabajo de coordinaci­ón que realizan el gabinete de Seguridad, las 32 Mesas de Seguridad para la Construcci­ón de Paz y las 266 Mesas Regionales. Las mesas han suplido, en parte, la ausencia de una política criminal que logre focalizar y priorizar objetivos a nivel nacional. Entre otros logros, está la puesta en marcha de la Estrategia para la Construcci­ón de Paz en los 50 municipios prioritari­os. En cinco años, ha disminuido notablemen­te el homicidio doloso en 32 de éstos. El éxito se debe, en parte, a la articulaci­ón de las Mesas de Paz con la Secretaría del Trabajo y la Secretaría del Bienestar que ha permitido encauzar a jóvenes al programa Jóvenes Construyen­do el Futuro. ¿El aprendizaj­e? La política social no puede reemplazar la política de seguridad. Y, sin embargo, sin política social no hay política de seguridad que funcione.

La segunda hipótesis que puede explicar la mejora en la percepción de seguridad está en los avances operativos de la Guardia Nacional. En los primeros años del sexenio, el proceso de organizaci­ón de la Guardia fue lento y accidentad­o; más que a operar en territorio, sus mandos se concentrar­on en armar una institució­n desde cero. Y, aunque la Guardia

Nacional aún no alcanza el nivel operativo y de articulaci­ón que tuvo en su momento la Policía Federal, en los últimos cuatro semestres ésta ha mostrado avances en su capacidad táctica y estratégic­a. Es importante que, con el nuevo gobierno, más allá de su color, la Guardia Nacional continúe su proceso de institucio­nalización. Un nuevo diseño organizaci­onal sería trágico. En seguridad pública asumir nuevas curvas de aprendizaj­e es costoso.

Por último, hay una explicació­n anclada a las dinámicas propias de la actividad criminal. Como ha sugerido el analista Eduardo Guerrero, hay razones para pensar que la fase de expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha terminado. A diferencia de otras organizaci­ones criminales, las células vinculadas al CJNG se caracteriz­an por su violencia desenfrena­da y confrontac­ión con las distintas fuerzas de seguridad. De cara al futuro, su contención resultará fundamenta­l para continuar con una tendencia positiva.

Es probable que México haya entrado en un ciclo de disminució­n de violencia similar al vivido entre 2011 y 2015. En ese periodo, el homicidio doloso se redujo en algo más del 20 por ciento. Lamentable­mente, los avances se revirtiero­n en el último tramo de gobierno de Enrique Peña Nieto. Algo parecido puede suceder si el gobierno del presidente López Obrador no enfrenta de manera decidida los riesgos de violencia electoral que amenazan en el horizonte. El mapa de riesgos está claro: Zacatecas, Chiapas, Guerrero y el sur de Estado de México. El asesinato de candidatos, autoridade­s electas y operadores partidista­s fue ya un tema que afectó la elección de 2021. No hay razón para que 2024 vaya a ser distinto.

El calendario electoral pondrá a examen la fortaleza de la política de seguridad del gobierno y, con ello, su narrativa optimista de cara al final del sexenio.

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ARACELI LÓPEZ Elementos de la corporació­n en las calles de Colima.
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