Corte ampara a firmas de Ley de Industria Eléctrica
Reforma de AMLO. El fallo protege a seis empresas ligadas a grupos globales como Peñoles, Autlán y EDF Energies; “se dio un albazo en la sala”, acusa Lenia Batres
CIUDAD DE MÉXICO La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó el primer amparo contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), que beneficiará a seis empresas a las que aplica el estatuto vigente hasta el 9 de marzo de 2021.
Con voto de calidad del presidente de la Segunda Sala, Alberto Pérez Dayán, se concedió la protección de la justicia a La Bufa Wind, Compañía de Energía Mexicana, Eléctrica Del Valle de México, Fuerza Eólica del Istmo, Eólica de Coahuila y Eóliatec de Istmo.
Fuerza Eólica del Istmo y Eólica de Coahuila son parte de Industrias Peñoles, mismas que sirven para atender las operaciones mineras y químicas del conglomerado; mientras que Compañía de Energía Mexicana es parte de la firma extractiva de metales ferrosos Autlán.
La Bufa Wind y Eléctrica Del Valle de México son firmas privadas que tienen a importantes clientes del sector manufacturero; por ejemplo, la primera surte de electricidad a las plantas de Volkswagen en el país. Mientras que Eóliatec de Istmo es parte de la francesa EDF Energies Nouvelles y la japonesa Mitsui.
Durante la sesión, el ministro Javier Laynez Potisek se declaró impedido de conocer el asunto.
Pérez Dayán presentó el proyecto y Luis María Aguilar lo apoyó. Mientras que Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guarradama se pronunciaron en contra.
Al cierre de diciembre del año pasado, la base monetaria se ubicó en 2 billones 960 mil 500 millones de pesos, presentado un incremento de 4.8 por ciento respecto al mes previo, de acuerdo con información emitida por el Banco de México (Banxico). En su reporte de Agregados Monetarios y Actividad Financiera a diciembre, detalló que el saldo del agregado monetario M1, que incluye billetes y monedas emitidos por Banxico, así como depósitos de exigibilidad inmediata en bancos y entidades de ahorro y crédito popular, fue 7.4 billones de pesos, registrado un incremento de 2.6 por ciento anual. Especificó que al interior de este agregado, el dinero en efectivo en poder del público, aumentó 4.6 por ciento, equivalente a 165 mil 900 millones de pesos, respecto a noviembre pasado. En lo que respecta a el saldo M2 (que incluye dinero en fondos y bancos) fue de 13 billones 647 mil 700 millones de pesos, que representó una variación de 4.2 por ciento.
Batres tomó la palabra por más de 25 minutos para fundamentar. “Consideroquedebióhaber seguido el procedimiento tasado en el artículo 60 de la Ley de Amparo sobre la recusación. También porque debió haber seguido unprocedimientoqueprevélaLey Orgánica respecto de hacer válido el voto de calidad del presidente de la Sala y tercero porque consideró que este tema ya fue discutido en una anterior acción de inconstitucionalidad”, expresó.
Sin embargo, Pérez Dayán reviró diciendo que el proyecto recogía los argumentos de inconstitucionalidad de siete ministros del pleno que se pronunciaron sobre el tema en 2022.
Tras el fallo posteó en X: “se dio un albazo en la Segunda Sala de la SCJN para declarar inconstitucionales las disposiciones”.
Riesgo para el T-MEC
Larry Rubin, presidente de la The American Society of Mexico (Amsoc), dijo que la falta de una resolución en la discrepancia sobre la regulación del sector eléctrico en Méxicoentrelaadministraciónde Andrés Manuel López Obrador y los gobiernos de Estados Unidos y Canadá puede afectar la renegociación del Tratado de Libre Comercio México-EU-Canadá (TMEC) en 2026.
En conferencia, la CoparmexCdMx destacó que este tipo de factores afectan el acuerdo.
“Evidentemente, Estados Unidos y Canadá tienen sus disputas en la parte energética, pero el sector privado de estos países quiere apoyar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que tengan mayores cantidades de energía en el país, porque se dan apagones en el sureste”, manifestó.
Agregó que empresas norteamericanas externaron que ante esta situación desean apoyar.
Mientras que Miguel Ángel Mateo, socio en asuntos regulatorios, comerciales y transaccionales en la industria energética del despacho legal Hogan Lovells, expuso que las controversias que hay respecto a la regulación del sector energético mexicano entre los países que integran el TMEC, las empresas mejor trabajan bajo los términos actuales para sacar adelante sus proyectos.
Expuso que el gobierno, por medio de los reguladores como la Comisión Reguladora de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía, ya está dando más permisos a privados, pero no a la velocidad que les gustaría.