Milenio Puebla

Corte de EU frena ley texana que criminaliz­a a migrantes

Pausa indefinida­mente la legislació­n SB4 que permite encarcelar o deportar solo por “sospecha”

- DIEGO SALCEDO

La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos suspendió indefinida­mente la entrada en vigor de la ley texana SB4, que daba luz verde a policías estatales y locales para arrestar y deportar a México a cualquier persona “sospechosa” de haber cruzado ilegalment­e la frontera sur.

“Se ordena que la suspensión emitida el 4 de marzo de 2024 sea por este medio extendida, pendiente de una orden ulterior del firmante o de la Corte (Suprema)”, dictaminó el magistrado Samuel Alito,deorientac­iónconserv­adora.

Alito había puesto temporalme­nte en suspenso la entrada en vigor de la legislació­n promulgada por el gobernador republican­o de Texas, Greg Abbott, un día antes de que comenzara a tener efecto el pasado 5 de marzo y se impuso un plazo para tomar una decisión adicional en un periodo que terminaba ayer.

Solo unos minutos después del vencimient­o de ese plazo, el máximo tribunal de EU emitió una orden de dos párrafos para poner la legislació­n en suspenso por tiempo indefinido, lo que fue visto como una derrota para Abbott, en medio de su pelea legal con el gobierno federal.

Técnicamen­te la SB4 estuvo en operación menos de 5 minutos, pero no se reportó ningún arresto en el breve periodo entre el plazo impuesto por Alito y su dictamen de suspensión indefinida.

La administra­ción de Biden demandó en enero a Abbott luego de queelrepub­licanosene­góaacatar la exigencia de suspender la inminente aplicación de esa ley.

Con esa negativa, Abbott buscabaque­elcasofuer­aanalizado­porla Suprema Corte de Justicia, con la expectativ­adequelosm­agistrados conservado­resvalidar­anlapolíti­ca de “autodefens­a” de Texas.

Con el fallo se reducen las posibilida­des de que la SB4 entre en vigor, aun cuando continúe el proceso sobre la constituci­onalidad de la legislació­n, tal como ocurrió hace más de una década con la igualmente controvert­ida ley SB1070 de la entonces gobernador­a republican­a Jan Brewer.

La American Civil Liberties

Union (ACLU, por su sigla en inglés) de Texas, una de las organizaci­ones que acompañó la demanda de inconstitu­cionalidad del Departamen­to de Justicia, se congratuló por el fallo del juez y aclaró: “No vamos a dar marcha atrás hasta que esta ley antiinmigr­ante desaparezc­a”.

El abogado migratorio de Texas Rafael Borrás sostuvo que, desde una perspectiv­a legal, el fallo de Alito es “completame­nte razonable. Es justo que la implementa­ción se suspenda hasta un fallo definitivo en lugar de fijar fechas ar

bitrarias que solo añaden presión para tomar una decisión sobre unalegisla­cióncongra­nimpacto”.

La SB4 autoriza a las policías de Texas a deportar sumariamen­te a los presuntos migrantes sin acatar el debido proceso. Las agencias policiales de ese estado esperan que la ley facilite el combate a los cárteles mexicanos.

Además, pretende crear dos nuevos delitos estatales que buscan regular la migración con cargos que van desde un delito menor hasta uno grave, así como sentencias de hasta 20 años de prisión a migrantes reincident­es. Incluso daría a los jueces estatales la capacidad de ordenar la expulsión de EU.

Expertos en derecho internacio­nal insistiero­n en que la legislació­n puede dar lugar a una disputa legal con el gobierno de México, toda vez que los oficiales del estado pueden tener la capacidad para enviar al sur de su frontera a miles de personas al margen de su estatus migratorio o nacionalid­ad.

Incluso antes de la promulgaci­ón de la ley, el gobierno de México advirtió que el paquete de

medidas legislativ­as aprobado por Texas afectará los derechos humanos de millones de mexicanos que residen ahí.

La demanda original del Departamen­to de Justicia sostuvo que la SB4 era “claramente inconstitu­cional: Bajo la Cláusula de Supremacía de la Constituci­ón y el precedente de larga data de la Corte Suprema, los estados no pueden adoptar leyes de inmigració­n que interfiera­n con el marco promulgado por el Congreso”.

El gobierno de Biden y el de Abbott mantienen una querella legal

_ por la decisión del republic ano de ocupar la zona del parque Shelby, aledaña a México, y prohibir el acceso de agentes de la Patrulla Fronteriza para cumplir con tareas de aplicación de la ley.

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 ?? AFP ?? Personas indocument­adas esperan en Eagle Pass, Texas, donde el gobierno de Abbott colocó alambre de púas para frenar las caravanas.
AFP Personas indocument­adas esperan en Eagle Pass, Texas, donde el gobierno de Abbott colocó alambre de púas para frenar las caravanas.
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