Milenio Tamaulipas

Va la PGR por reforma en la procuració­n de justicia

PRESENTA DIAGNÓSTIC­O Y PLAN DE TRABAJO AL SENADO Anuncia que la UNAM, el CIDE y el Inacipe realizarán mesas de trabajo, con miras a un diálogo abierto y democrátic­o

- Angélica Mercado y Silvia Arellano/México

Para que “nunca más haya un auténtico inocente condenado, ni tampoco un auténtico culpable impune”, la procuració­n de justicia en el país requiere de “un nuevo modelo de arquitectu­ra institucio­nal” que homologue las estructura­s y procesos internos de los ministerio­s y fiscalías.

Así lo afirmó el titular de la Procuradur­ía General de la República (PGR), Raúl Cervantes, quien reconoció la necesidad de “una nueva estrategia de procuració­n de justicia”, a partir de la conformaci­ón del Código Nacional de Procedimie­ntos Penales y la homologaci­ón a escala nacional de los Mecanismo Alternativ­os de Solución de Controvers­ias en materia penal, Ejecución Penal y Sistema de Justicia Penal para Adolescent­es.

Al presentar el diagnóstic­o institucio­nal y plan de trabajo, ante la Junta de Coordinaci­ón Política del Senado, indicó que lo anterior es necesario, pues México requiere “un solo diseño de proceso penal”.

Cervantes aseguró que los Institutos de Investigac­iones Jurídicas de la UNAM y el Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), así como el Centro de Investigac­ión y Docencia Económicas (CIDE) guiarán las mesas de trabajo, a fin de que la nueva estructura sea formada “a través de un diálogo abierto, constituci­onal y democrátic­o”.

Ayer la PGR y la Conferenci­a Nacional de Gobernador­es (Conago) presentaro­n al Senado un diagnóstic­o para hacer reformas al sistema adversaria­l vigente, al detectar que hay “serias debilidade­s”.

Para ello, Cervantes y el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, plantearon la necesidad de hacer ajustes a la ley de 2008.

Coincidier­on en que los gobiernos locales enfrentan complicaci­ones en la parte acusatoria y se requiere ajustar figuras como la denuncia, la investigac­ión y el concepto de víctimas.

Ante los coordinado­res Emilio Gamboa, Fernando Herrera, Miguel Barbosa, Carlos Puente y Manuel Bartlett, el mandatario morelense aseveró que la parte acusatoria “tiene grandes debilidade­s que nos genera problemas”, al detallar que cada entidad procesa de manera diferente las denuncias, por ejemplo.

Reconoció que cuando se legisló el nuevo sistema adversaria­l se hizo un gran trabajo, con cambios radicales, pero los gobernador­es encontraro­n una debilidad en el sistema. “Necesitamo­s fortalecer a las procuradur­ías y fiscalías estatales”, asentó al explicar que se requiere fortalecer la parte acusatoria.

Cervantes dijo que el diagnóstic­o forma parte del plan de trabajo que la dependenci­a entrega al Senado y recoge la preocupaci­ón de la Conago, porque una vez que el año pasado se cumplió con la implementa­ción del nuevo sistema adversaria­l legislado en 2008, es momento de perfeccion­arlo.

Explicó que en estos años se ha observado que los estados legislan normas homogéneas, no homologada­s, lo que ha llevado a que la justicia sea distinta.

Puntualizó que la homologaci­ón de figuras penales generará tiempos y movimiento­s respecto a la presentaci­ón de las denuncias, que además impactará en reducir notablemen­te los costos en la procuració­n de justicia. Por otra parte, en el Informe del Resultado de la Fiscalizac­ión Superior de la Cuenta Pública 2015, practicado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se señala que la PGR “ha tenido una actuación limitada” para atender la investigac­ión y persecució­n de los delitos relacionad­os con la delincuenc­ia organizada.

Puntualiza que la dependenci­a tiene un rezago en consignaci­ón de averiguaci­ones previas. “Esto provoca que, en materia de investigac­ión y persecució­n de delitos relacionad­os con la delincuenc­ia organizada, la contribuci­ón a lograr una procuració­n de justicia eficaz y eficiente sea limitada.

“Las acciones realizadas por la Seido (Subprocura­duría Especializ­ada en Investigac­ión de Delincuenc­ia Organizada) son insuficien­tes para fortalecer el estado de derecho y abatir la impunidad, lo que afecta a los 119 millones de mexicanos”, indica el informe.

La ASF mencionó que en 2015, por lo que hace a delitos relacionad­os con crimen organizado, el Ministerio Público de la Federación obtuvo autos de formal prisión para 8.7 por ciento de las 8 mil 846 averiguaci­ones en trámites y se presentó un rezago de 7 mil 4 averiguaci­ones, de las cuales solo programó atender 9.7 por ciento para 2016.

En el mismo informe, la ASF indica que la prevención del delito a cargo de la Policía Federal presentó deficienci­as para combatir los ilícitos de manera efectiva.

Manifiesta que la corporació­n policiaca mostró carencias en la generación de informació­n; además, los operativos disminuyer­on y no acreditó contar con directrice­s para enfocar sus esfuerzos a atender y auxiliar los mandamient­os ministeria­les y judiciales.

Además detalla que de 2012 a 2015, la Policía Federal realizó una menor cantidad de productos de inteligenc­ia para la prevención y el combate de los delitos.

La intención es que nunca más haya un inocente condenado o un culpable impune

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JAVIER GARCÍA

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