“NUEVO MAGISTRADO VA CONTRA LA LEY”
Especialista señala que no fue expedida la convocatoria
La aprobación de Oscar Cantú Salinas como magistrado del Supremo Tribunal de Justicia es inconstitucional porque vulnera el derecho de todo ciudadano a ser elegible y rompe el principio de división de poderes, afirmó el abogado Armando Charles, especialista en Derecho Parlamentario.
Explicó que aunque la propuesta del gobernador tenía apariencia de legalidad, resulta contraria a derecho por no haberse expedido convocatoria pública.
“Se privilegió de manera exclusiva y excluyente a Oscar Cantú frente a otros ciudadanos, relegando la aplicación del artículo 109 de la Constitución local al nivel de una ley privativa”.
Citó que se viola el principio de igualdad y no discriminación, además de que el mecanismo empleado subordina el Poder Judicial a los designios del gobernador.
Sostuvo que con este control se trastoca la autonomía e independencia judicial y el principio de división de poderes que el Estado debería garantizar.
El Artículo 109 dice que los magistrados del STJ serán nombrados o ratificados a propuesta del Gobernador mediante el voto de las dos terceras partes de los diputados. La norma no ordena expedir convocatoria pública, la persona favorecida es propuesta por el gobernador, lo cual vulnera, reiteró, el derecho de otros a ser nombrados en ese cargo público.
Refirió que en agosto de 2012 se decretó una adición al 35 Constitucional federal para reconocer el derecho de todo ciudadano a ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público. Los transitorios disponían que los congresos locales debían adecuar su legislación secundaria, pero Tamaulipas no lo hizo. Debían quedar derogadas todas las disposiciones que se opusieran al decreto.
Fue durante la sesión que se aprobó y tomó protesta a Cantú Salinas.
Previo a la asamblea, el Congreso del Estado instaló la mesa interinstitucional que tiene como finalidad principal darle fondo y forma al Sistema Local Anticorrupción. La integran los tres poderes de gobierno.
Carlos Alberto García González, presidente de la Junta de Coordinación Política, destacó la importancia de esa mesa de trabajo en donde deberán incluirse los temas que de ella emanen para que el sistema local anticorrupción sea el idóneo y tenga el aval de los involucrados.