La guerra de Peña: ¡Felipe tenía razón!
En el último tercio de su gobierno, el Presidente debió anunciar una nueva guerra del Estado mexicano. Una guerra en la que —otra vez— resulta inevitable la intervención federal.
Y no, no es una guerra contra el narcotráfico. Tampoco contra el secuestro o contra flagelos como la trata de personas o el cobro de piso.
No, la guerra de Enrique Peña Nieto es contra bandas criminales que roban miles de millones de pesos en hidrocarburos; que ponen en riesgo a miles de personas —a mujeres y niños— en comunidades de todo el país y que causan un severo daño a la economía nacional.
Y es que, si bien el robo de combustible significa un severo golpe a la economía de Pemex, en realidad es una sangría al dinero de todos.
Lo curioso es que se trata de una guerra en la que —de nuevo— participan el Ejército y la Marina, además de la Policía Federal. Y también se trata de una guerra en la que debe intervenir de manera emergente la Federación, ante el fracaso de los gobiernos estatales y municipales —de todos los partidos— y de sus respectivas policías.
Como saben, la emergencia se detonó luego del enfrentamiento entre ladrones de combustible y militares en Puebla —en el que murieron 10 personas, entre ellos cuatro uniformados—. Lo más indignante es que en la comunidad donde se produjo el enfrentamiento casi todos viven del robo de hidrocarburos y durante el choque colocaron niños y mujeres como escudos humanos, para impedir la incursión militar.
Frente a la tragedia —además de los decesos, es una tragedia que más pueblos viven de la ordeña de ductos—, Peña Nieto anunció una estrategia de Estado para acabar con el robo de combustible y —para empezar— desplegó un operativo especial en Puebla.
Previamente, en el relevo en la Conago — que preside Miguel Mancera—, Peña Nieto reiteró lo escuchado toda una década: que los gobiernos estatales y municipales no cumplen su responsabilidad en la lucha contra la violencia y el crimen.
Y tiene razón Peña Nieto: la violencia, el crimen y la inseguridad no serán derrotados en tanto gobiernos estatales y municipales no hagan su parte y no se comprometan con la creación de cuerpos policiacos eficientes y confiables. Más aún, Miguel Osorio, titular de Gobernación, confirmó lo que aquí adelantamos en su momento: que la Federación priorizará el envío de fuerzas federales a los estados que cumplan con la creación de policías confiables.
Lo curioso es que Osorio puede hacer realidad lo que no logró Felipe Calderón: que los gobiernos estatales cumplan con su responsabilidad y con la creación de policías confiables. Calderón tenía razón.
Al tiempo.