Asesinan a activista; solicitan protección
Gobierno dice que sí le daban vigilancia con rondines a su vivienda; colectivos tienen temor de seguir con apoyo a víctimas del delito
LaactivistaMiriamRodríguez Martínez, presidenta del Colectivo de San Fernando, fue asesinada, hecho que fue condenado por colectivos de familiares de desaparecidos, quienes señalaron omisión de parte del Gobierno en darle protección, pues fue ella quien entregó a las autoridades a los secuestradores de su hija. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública dijo que sí se le dio vigilancia por medio de rondines a su vivienda.
Fue el dirigente del Colectivo de Familiares y Amigos de Desaparecidos, Guillermo Gutiérrez Riestra, quien hizo público el asesinato de su compañera. “En el municipio de San Fernando un grupo de la delincuencia, llegó en la noche del 10 de mayo a su casa y la ultimó”.
Los activistas pidieron investigar si fue una omisión, dado que pidió protección a la Procuraduría, Secretaría de Seguridad y General de Gobierno.
Gutiérrez Riestra aseguró que es muy bueno que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca lamente el crimen, pero pidió que haga una revisión de su gabinete puesto que no se atendió la petición de Rodríguez, quien hace unas semanas entregó a los asesinos de su hija, secuestrada en 2012. “La exigencia es directamente al gobernador, que, en primera instancia, tiene que dar con los responsables y con los funcionarios ver ¿qué les pasó, porqué pusieron en riesgo a la compañera?”.
Explicó que Miriam era una activista que no quitaba el dedo del renglón para exigir justicia luego de la desaparición y posterior asesinato de su hija, cuyos restos fueron encontrados por ella en una fosa clandestina.
“Sin apoyo alguno de las autoridades, logró detener a los secuestradores de su hija y los entregó a las autoridades; se la pasaba a diario en los juzgados para impedir que salieran de la cárcel”.
Pero en la fuga de reos el pasado 23 de marzo se encontraban algunos implicados en el crimen de su hija, por lo que a partir de entonces pidió la protección.
“A partir de esa fecha había solicitado al procurador, al director de Seguridad Pública, a la Secretaría General de Gobierno, la protección a que tenía derecho según la Ley de Víctimas. Había cerrado su negocio para no estar localizable y que fuera asesinada”.
A pregunta expresa si ellos han sido amenazados, dijo que solo han sido acosados por la Policía Estatal. “En cada evento que realizamos nos observan, nos toman fotografías, cuestionan a los compañeros, que digan los nombres de los dirigentes”.
Indicó que hasta ahora al menos cinco activistas o defensores de los derechos humanos han solicitado seguridad al gobierno del estado, sin embargo, dijo, “no hay nadie que te pueda garantizar la seguridad, por eso veo bien que la gente amenazada se desplazase para poner a salvo su vida”.
Reconoció que tras la muerte de Miriam Rodríguez puede haber un efecto adverso, pero no dejarán de luchar.
Más tarde, el Gobierno de Tamaulipas negó omisión en el crimen y estableció que la Procuraduría estatal le proporcionó vigilancia por medio de rondines tres veces al día alrededor de su casa.
Al fijar un posicionamiento en el que participaron el procurador Irving Barrios Mojica; el secretario General de Gobierno, César Augusto Verástegui Ostos; la subsecretaria de Legalidad y Servicios Gubernamentales, Gloria Garza Jiménez; y el vocero de la Secretaría de Seguridad, Luis Alberto Rodríguez Juárez, condenaron los hechos y aseguraron que el crimen no quedará impune.
El vocero de Seguridad explicó que la activista acudió directamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a pedir protección luego de la fuga de reos del penal de Ciudad Victoria, uno de ellos el secuestrador de su hija, aunque éste solo estuvo unas horas fuera del penal.
Aún así, la CNDH remitió al órgano estatal la orden para solicitar medidas cautelares y protección y éste último pidió al Ministerio Público que se le otorgara seguridad mediante rondines tres veces al día en su domicilio, donde finalmente fue ultimada.
El procurador de Tamaulipas, dijo que cuentan con imágenes del momento en que escapa el asesino de Miriam, las cuales fueron captadas por cámaras de C4. “El hombre se acerca caminando, acciona el arma de fuego, se retira corriendo y aborda un vehículo donde iban otras dos personas”.
En Tampico, el presidente de la Asociación Justicia Tamaulipas, Geovani Barrios, dijo que tras la situación tienen miedo, por ello solicitarán seguridad para 16 personas dedicadas al apoyo a víctimas y familiares directos, ya que ignoran si se trata de un hecho aislado o hacia todos los activistas.
Además presentarán denuncia contra la subsecretaria de Legalidad y Servicios Gubernamentales y la directora de Atención a Víctimas, Lorena Garrido, al negarle la protección que había solicitado tiempo atrás.
Al respecto, el enlace de gobierno en la zona sur, Miguel Ángel Gómez Orta, dijo que no se descarta la destitución de la titular del Instituto de Atención a Víctimas en Tampico, Silvia Fernández Morton.
Mientras la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) exhortó al Gobierno de Tamaulipas a dar atención oportuna en los procesos de investigación y procuración de justicia, sobre todo a garantizar la protección de aquellas víctimas cuya vida e integridad estén en riesgo.
Y ante la creciente violencia en Tamaulipas y la muerte de la activista, el obispo de la Diócesis de Tampico, José Luis Dibildox Martínez, pidió justicia para que el hecho no quede impune, además de una estrategia de seguridad entre federación y estado. “Necesitamos sentirnos solidarios sobre cómo apoyar a estas personas para que puedan superar esta circunstancia y también pedir justicia, todos necesitamos que haya justicia y abatir la impunidad para evitar que se sigan dando estas cosas”.
Necesitamos que haya justicia y abatir la impunidad para evitar estas cosas” José Luis Dibildox Martín OBISPO DE TAMPICO