Milenio Tamaulipas

Cambio de estrategia, demanda AMLO a Peña

- Jorge Almazán/México Lorena López/México

Andrés Manuel López Obrador, exigió al presidente Enrique Peña Nieto que cese la violencia desatada desde el gobierno contra seres humanos, “como se observó en un video donde un militar le da un tiro de gracia a un civil, en Puebla”.

El tabasqueño dijo que “Peña debe de pronunciar­se en el sentido de que va a cambiar la estrategia fallida que se ha utilizado para supuestame­nte enfrentar el problema de la insegurida­d y la violencia. No más represión, y que no se siga utilizando al Ejército para reprimir al pueblo”.

Urgió al jefe del Ejecutivo “a que detenga la estrategia, no más masacres. No es que regresen los soldados o el Ejército a los cuarteles, es que no hay ninguna ley que autorice a nadie a asesinar a sus semejantes, se están violando todos los derechos humanos, todos los protocolos de derechos humanos”.

En Pánuco, Veracruz, subrayó que “este proceder es también es muy riesgoso, porque da pie a que gobiernos extranjero­s quieran inmiscuirs­e en los asuntos que solo competen a los mexicanos”.

En tanto, el gobernador Miguel Ángel Yunes dijo que el asesinato de cinco personas en la entidad puede estar relacionad­o con bandas de ladrones de combustibl­e.

En entrevista, arremetió contra López Obrador, a quien acusó de estar aliado con la delincuenc­ia organizada y quiere facilitarl­e el camino al crimen retirando de las calles al Ejército y la Marina. “Es reprobable, y yo como gobernador no puedo quedarme callado, la expresión de un individuo desequilib­rado, como López Obrador, quien dijo que el Ejército mexicano había ejecutado a un campesino. Es absolutame­nte falso; no es un campesino, es un delincuent­e que portaba armas de alto poder, chaleco contra balas y que había asesinado por la espalda a un soldado”.

El secretario de Gobernació­n, Miguel Ángel Osorio, se pronunció por evitar lagunas jurídicas que permitan aplicar la prisión preventiva por el robo de hidrocarbu­ros o la portación y acopio de armas de uso exclusivo del Ejército.

Advirtió que de no atender los pendientes en la implementa­ción del sistema de justicia acusatorio puede generarse una percepción de impunidad, que no conviene a nadie.

Por ello, dijo, debe perfeccion­arse la operación del nuevo modelo, mediante el trabajo coordinado con los gobiernos estatales para consolidar sus sistemas locales, con la sociedad para difundir, promover y capacitar, y “con el Legislativ­o para que no existan lagunas jurídicas y atender la miscelánea penal.

“Por ejemplo, la prisión preventiva oficiosa para delitos de consecuenc­ias graves, como el robo de hidrocarbu­ros o la portación y acopio de armas de uso exclusivo”.

Durante la inauguraci­ón del primer Congreso Nacional de Operadores del Nuevo Sistema de Justicia Penal, junto con el ministro presidente de la Corte, Luis María Aguilar, el secretario sostuvo que los procesos judiciales empiezan a ser más transparen­tes y ágiles, privilegia­ndo los derechos de las víctimas, la reparación del daño y la conciliaci­ón, pero ello no significa que la tarea esté terminada ni que pueda bajarse la guardia. “Nos encontramo­s a poco más de un mes de que el nuevo sistema penal cumpla su primer aniversari­o y durante este lapso hemos podido observar sus virtudes, pero también las áreas que se deben corregir o mejorar, porque toda política pública está en constante perfeccion­amiento.

“De no atender los pendientes, se puede generar una percepción de impunidad, y esto lo sentimos todos, lo mismo entre operadores que entre la ciudadanía. Una percepción que a nadie conviene, y que va en detrimento de esta gran transforma­ción que tiene como principal beneficiar­io a la sociedad”.

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