Activistas acusan omisión de Gobierno ante ONU
Afirman que sí se pidió protección para la asesinada y solicitan garantías para seguir su tarea. Autoridad dice que brindará vigilancia
Colectivosdefensoresdederechos humanos y de desaparecidos insistieron,anterepresentantes de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos (ONU), Jan Jarab y Carolina Moreno, en que la activista Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez sí notificó que temía por su vida al Gobierno del Estado y les pidieron protección para seguir con la búsqueda de sus familiares desaparecidos.
Luego de participar en una reunión llevada a cabo en la sede de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Tamaulipas, en la que encabezaron Moreno y Jarab, estuvieron también Roberto Villanueva Guzmán, representante del Laboratorio de Innovación para la Paz y los representantes de más de 20 colectivos de desaparecidos en la entidad.
Josefina de León explicó que este viernes llegaron a Tamaulipas los funcionarios de la ONU, quienes estuvieron en el funeral de la activista en San Fernando, al que acudieron familiares y amigos, estando vigilados por policías estatales.
Posteriormente se trasladaron a Ciudad Victoria donde primero se reunieron con los familiares de víctimas. Ahí, se les hizo entrega de los documentos en los que prueban que la solicitud de protección ocurrió desde principios de año ante Gobierno del Estado debido a amenazas y alto grado de exposición que tienen por la labor de búsqueda y dejaron patente que hasta ahora no hubo respuesta por parte de autoridad alguna. “Escuchó de voz de las víctimas que la realidad es que a muchos les consta que solicitó a nivel estatal y federal (la protección), eso consta en documentos y a muchas personas, de hecho está grabado y hubo la omisión, se lo planteó a Lorena (Garrido Salazar) del Instituto (de Atención a Víctimas en Tamaulipas)”.
Básicamente, dijo De León, vinieron a “brindar el apoyo a Tamaulipas, van a estar con las visitas continuas, vienen a brindar el apoyo desde sus instituciones y solicitar el esclarecimiento del crimen. También van a ver lo que tengan en gobierno y en base a ello van a venir recomendaciones, visitas continuas, van a estar muy cerca”, advirtió.
Dijo que todos están consternados por el fallecimiento de Miriam, pero “hay que continuar, la zona de San Fernando no se va a quedar desprotegida, las víctimas van a seguir atendidas”, aclaró la presidenta de la Red de Desaparecidos de Tamaulipas.
Por la tarde, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, se reunió con Jaime Rochin, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y Jan Jarab, donde definieron otorgar atención y seguridad inmediata a la familia de la activista.
Esta atención, dijo el mandatario, también será otorgada a los organismos y colectivos de víctimas que existen en el estado.
Y es que la mañana de este viernes Guillermo Gutiérrez Riestra, del Colectivo de Familiares y Amigos de Desaparecidos, difundió en su cuenta personal de Facebook un video de YouTube en el que quedó el testimonio de Miriam Rodríguez, quien notificó a la subsecretaria de Gobierno, Gloria Garza, la falta de protección.
El video es de una reunión realizada el 18 de abril en la misma sede del Gobierno de Tamaulipas.
Detalla que a raíz de la fuga de 29 reos del penal de Victoria, entre los que iban dos de los secuestradores y homicidas de su hija, se sentía insegura, que había dejado de trabajar y que por ende su economía se habría visto afectada.
Señala también que tras la fuga solamente se recapturó a un reo de [ los implicados y el otro seguía libre.
“A raíz de eso pedí seguridad hasta que el reo fuera recapturado, pero hoy día, la fuga fue desde el 22 de marzo, no he visto esa seguridad solicitada. Fue a verme un Policía a San Fernando y me dijo que iba a estar encargado pero no he visto nada. El viernes, para ser exacto, como a las cuatro de la mañana le hablé como 30 veces y no me contestó. ¿Cuál seguridad?”, dijo ese día.
Y añadió: “Yo no tengo la seguridad de irme a sentar a mi negocio, que es un lugar público, a trabajar, porque no estoy contando ni siquiera afuera con una patrulla o algo que me de la seguridad en mí de yo seguir trabajando en mi negocio”, refirió.
Lo anterior contrasta con lo declarado el jueves por las autoridades de Seguridad Pública y Justicia, quienes afirmaron que se daban rondines a la casa de la activista y que el secuestrador de su hija había sido recapturado.
La activista también había puesto una denuncia donde señalaba que por lo menos dos funcionarios de la CEAV estaban afectado el desarrollo del proceso de la investigación del secuestro de su hija.
“He solicitado traslados para llevar a cabo diligencias correspondientes a la carpeta de investigación por el delito de secuestro que se lleva en la PGR de mi hija, cuestión que no les han dado el trámite debido. El actuar de esos servidores públicos está afectándome, y no solo en el desarrollo del proceso sino psicológicamente por tener que estar repitiendo y recordando el hecho victimizante del que hemos sido objeto”.