El exterminio de nuestros periodistas
El lunes Javier Valdez, de los periodistas más valientes de este país, fue asesinado por un grupo armado. Como de costumbre, la averiguación inicial desvinculó el homicidio de su profesión: según la fiscalía local, lo mataron por robarle el coche.
Lo mismo decía Javier Duarte en su momento. Que eran robos. Que era porque estaban en malos pasos. Nunca porque eran periodistas.
Labor que muchos realizan en condiciones indignas: 20 pesos por nota. Unos pesos extras en caso de que el artículo incluya más muertos. Sin algún tipo de apoyo o derecho laboral.
Javier Valdez se unió el lunes a esas horribles cifras: más de 100 periodistas asesinados desde 2000. Seis en 2017. Una nueva baja de una guerra interminable.
Tuvo que haber presión del gremio para hacer voltear al Presidente. A cinco años de tomar el poder, antier dio su primer mensaje sobre un tema del que nadie —ni siquiera gran parte de la prensa— quiere hablar.
Y aun así no pasó de generalidades. De instrucciones, aquellas que da en eventos pero que nunca se materializan. En el de antier, por cierto, no invitó a un periodista a la mesa. Únicamente los llevó para sacar fotos; ni siquiera para hacer preguntas.
El Presidente pidió que se reforzara la Feadle (Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión), cuyo presupuesto ha caído año con año desde 2014.
Fiscalía que solo ha logrado tres sentencias firmes en seis años, y que debe estar encabezada por un abogado penalista experimentado para castigar los crímenes hasta hoy cometidos. No por un titular como Ricardo Sánchez, recién nombrado, cuya única experiencia laboral es una asesoría de 11 meses en Secretaría de Gobernación y una dirección general adjunta de tres años, según su CV (http://bit.ly/2qxi9Ks).
Han asesinado a otro periodista. En respuesta tenemos un discurso más. Los ingenuos dirán que al menos el gobierno ya reconoció el problema. Los realistas diremos que sus palabras, a diferencia de las de Javier, son vacías.