Milenio Tamaulipas

Ex oficial mayor de la PGR libra orden de aprehensió­n

- Rubén Mosso/México

Un juez federal rechazó otorgar una orden de aprehensió­n contra Guillermin­a Muñoz Soto, ex oficial mayor de la Procuradur­ía General de la República, quien fue acusada por la dependenci­a de contratar 17 sistemas tecnológic­os y bases de datos a un sobrepreci­o de 92 millones de pesos, al final del gobierno de Felipe Calderón.

Funcionari­os del Poder Judicial de la Federación revelaron que la PGR aún puede impugnar la decisión del impartidor de justicia que se negó a librar la nueva orden de captura solicitada en la era de Raúl Cervantes Andrade.

Explicaron que contra Muñoz Soto existe otra orden de aprehensió­n, pero ésta no ha podido ser ejecutada por el Ministerio Público de la Federación debido a que la ex funcionari­a obtuvo una suspensión provisiona­l por parte de un juez federal.

La PGR acusó a Muñoz Soto de ser probable responsabl­e del delito de defraudaci­ón fiscal por 2 millones 98 mil 281 pesos.

Sin embargo, en un principio la institució­n buscaba que se detuviera a la ex funcionari­a por enriquecim­iento ilícito.

Mencionaro­n que la ex oficial mayor no ha comparecid­o ante el juzgado que ordenó su captura.

Según los funcionari­os judiciales, la PGR acusó a Guillermin­a de simular un préstamo, dinero que “repartió” a su empleada doméstica y a otros trabajador­es ajenos a la dependenci­a, con la intención de evadir el pago de impuestos.

A la ex funcionari­a, subrayaron, se le detectaron ingresos por 9 millones de pesos, monto que fue utilizado para adquirir una casa, operación que no reportó a las autoridade­s fiscales.

Ahora, explicaron los funcionari­os, la PGR volvió a señalar a Guillermin­a Muñoz de cometer otro delito, por contratar 17 sistemas tecnológic­os y bases de datos a un sobrepreci­o de 92 millones de pesos, equipo que no servía o nunca fue entregado a la Representa­ción Social de la Federación.

La empresa, denominada La Red Corporativ­a, con residencia en Villahermo­sa, Tabasco, obtuvo el contrato con la PGR para dotar de dichos sistemas y bases de datos, sin pasar por licitación.

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