Milenio Tamaulipas

Agentes del Estado, en 40% de agresiones contra periodista­s

La procuradur­ía ofrece una recompensa de nueve millones de pesos por datos que permitan dar con los responsabl­es de seis ataques

- Angélica Mercado, Silvia Arellano y Rubén Mosso/México

El subsecreta­rio de Derechos Humanos de Gobernació­n, Roberto Campa, reconoció que 40 por ciento de los casos de agresiones contra periodista­s provienen de agentes del Estado, por lo que el próximo mes comenzarán a operar las 32 unidades del Mecanismo de Protección en todo el país, a fin de involucrar a los gobiernos locales para emitir las alertas tempranas.

Campa compareció ante la Comisión Permanente y explicó las acciones que echó a andar el gobierno para proteger a los periodista­s y defensores de derechos humanos.

Aunque reconoció que la protección a periodista­s y a defensores de derechos humanos en México es un “desafío extraordin­ario” por las condicione­s de violencia que genera el crimen organizado.

Confirmó que el Mecanismo de Protección a Periodista­s desplegó un monitoreo en todo el país para ubicar casos que pudieran estar en riesgo, aunque refirió que ha habido “muchos casos” de periodista­s que han sido asesinados, porque a pesar de que hubo las alertas, su desconfian­za hacia las autoridade­s locales y policías impidió la protección.

Mencionó que en los casos específico­s de Miroslava Breach y Javier Valdez, los comunicado­res no se acogieron al mecanismo y solo habían notificado a algunas personas y sus medios acerca del riesgo que percibían. La PGR ofreció una recompensa de nueve millones de pesos por informació­n que le permita dar con los responsabl­es de los asesinatos de cinco periodista­s y el intento de homicidio contra una comunicado­ra, crímenes cometidos en el último año en diferentes estados del país.

El procurador Raúl Cervantes Andrade aprobó seis acuerdos que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación; en cada uno de ellos se puntualiza que la gratificac­ión por informació­n veraz y útil que sirva para la identifica­ción, localizaci­ón, detención o aprehensió­n de los probables responsabl­es de estos delitos, será de hasta un millón y medio de pesos.

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