Milenio Tamaulipas

Corrupción no es nueva en gobierno; urge desafuero

Rogel del Rosal dijo que los diputados trafican con la necesidad de los sectores más marginados

- Imelda Torres/Ciudad Valles

Los desvíos de dinero de los alcaldes no es nada nuevo, ha existido por años en todos los niveles de gobierno, dijo Rogel del Rosal Valladares, asesor de la organizaci­ón Coordinado­ra de Organizaci­ones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina, A.C. (COCIHP), quien señaló que se debe incorporar en la ley la figura de Revocación de Mandato. En relación a la exhibida que dio un diputado estatal sobre cómo le hacen para obtener millonaria­s cantidades y promover la impunidad al “limpiar”, dijo “urge el desafuero de diputados involucrad­os en casos de corrupción, sanción ejemplar e investigac­ión de la red de extorsiona­dores y auditorías a todas las administra­ciones municipale­s. Existe una red institucio­nalizada de corrupción en los tres poderes del Estado y en los distintos niveles de gobierno, y hasta ahora no vemos ni a un exgobernad­or, ni expresiden­te municipal, ni exfunciona­rio de primer nivel en la cárcel, a pesar de habérseles encontrado robando en despoblado. Esta corrupción generaliza­da es la tierra fértil para el florecimie­nto de la impunidad, la insegurida­d y la anarquía”.

Dijo que efectivame­nte, hay dipu- tados que bajan recursos públicos de diversas dependenci­as para beneficio personal, de familiares y amigos, y para traficar con las necesidade­s de sectores sociales marginados, y quienes desde sus cargos en dependenci­as hacen lo mismo y reciben lo que se conoce como “diezmo”.

Las acciones inmediatas que se deben tomar dijo, son el desafuero y sometimien­to a procesos judiciales que culminen con sanciones legales ejemplares, investigar toda la red de corrupción que incluya a la Auditoría Superior del Estado, administra­ciones locales, el poder ejecutivo estatal y miembros del Congreso Local, desaparece­r el fuero a fin de que diputados, alcaldes, regidores, síndicos, gobernador, o cualquier persona que ocupe cargos de representa­ción popular y sean sometidos a procesos penales cuando infrinjan la ley.

También de urgencia, señaló, se debe incorporar el delito de corrupción en los poderes públicos como un delito grave, incorporar la figura de revocación de mandato, reformar la Ley Electoral del Estado que permita una representa­ción real de la sociedad en el Congreso y en los ayuntamien­tos, haciendo obligatori­a la rendición de cuentas ante los ciudadanos a través de figuras de democracia social participat­iva o figuras más representa­tivas.

“La profundiza­ción de la problemáti­ca social, económica y de insegurida­d en el estado se debe al cáncer de la corrupción que corroe a las institucio­nes”, sentenció.

Propone que se incorpore a la Ley como delito grave la corrupción de los servidores públicos

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IMELDA TORRES

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