Fiscalía sí investigará el presunto espionaje
Legisladores y ONG piden comparecencia de titulares de Segob, PGR, Sedena y Cisen
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle) abrió una carpeta de investigación por el presunto espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos, al tiempo de advertir que indagará incluso a funcionarios de primer nivel, porque nadie está por encima de la ley.
Al comparecer ante la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados, el fiscal Ricardo Sánchez precisó que la investigación corresponde a los probables delitos de intervención de comunicaciones, de equipos de cómputo y sistemas.
Entrevistado al finalizar la reunión con los legisladores, el titular de la Feadle indicó que el Ministerio Público investigará y llamará a quien determine el avance de las pesquisas y las pruebas correspondientes.
Por separado, la legisladora panista Brenda Velázquez, presidenta de la comisión, anticipó que los diputados de esa instancia interpondrán también una denuncia ante la PGR contra quienes resulten responsables de la invasión a la privacidad de comunicadores. La Conferencia Nacional del Gobernadores (Conago), la dirigencia del PRD, legisladores de oposición y organizaciones civiles expresaron su rechazo por el presunto espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos, y pidieron una investigación ex- haustiva que llegue a las últimas consecuencias.
Tras la revelación de un informe en el que se documenta que activistas y periodistas mexicanos han sido blanco de ataques con un software malicioso, el presidente de la Conago, Miguel Ángel Mancera, expresó su “enérgico rechazo” a la práctica del espionaje, la cual, dijo, es ilegal e injustificada.
Esta práctica fue calificada por la presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, de inadmisible, ya que deja claro que el gobierno considera como enemigos a los activistas y comunicadores.
A su vez, miembros del Consejo Consultivo del INAI llamaron a las autoridades federales a realizar una investigación “pormenorizada, pública y hasta sus últimas consecuencias”.
La exigencia de una indagatoria minuciosa también fue una de las demandas en el Congreso, donde la oposición demandó la comparecencia de los titulares de Gobernación, PGR, Sedena y Cisen.
Con base en una resolución de la Corte, que establece que la cifra de personas o aparatos intervenidos no es susceptible de ser reservada por motivos de seguridad nacional, el INAI ordenó realizar una búsqueda exhaustiva y dar a conocer la cifra de casos de 2010 a 2016.
La intervención de telecomunicaciones es un tema por el que recurrentemente se pregunta al Cisen a través de los mecanismos de transparencia.
Tan solo entre 2016 y 2017 el INAI ha analizado ocho recursos de revisión contra el Cisen sobre el mismo tema, según información publicada en su página de internet.