Milenio Tamaulipas

UNA DÉCADA SIN MEDICINAS

Hay deficienci­as al surtir recetas desde 2007

- POR CRISTINA GÓMEZ FOTOGRAFÍA ESPECIAL

El desabasto de medicament­os en la Secretaría de Salud de Tamaulipas se originó desde el gobierno de Eugenio Hernández Flores, y con Egidio Torre Cantú no solo persistió el problema, sino que se generó un gran desorden administra­tivo en la dependenci­a, provocando daños a la hacienda pública y violando la normativid­ad.

Desde hace por lo menos diez años, las cuentas públicas del Fondo de Aportacion­es para los Servicios de Salud (FASSA) y del Seguro Popular, están plagadas de irregulari­dades, entre las que destaca la insuficien­cia de medicament­os y el pago a sobrepreci­o de los mismos.

Incluso, el organismo fiscalizad­or encontró quejas de pacientes por que le cobraban las consultas médicas, así como el surtido de sus recetas.

COMIENZA EL CAOS

Eugenio Hernández Flores gobernó Tamaulipas del año 2005 al 2010.

Al revisarse el FASSA en su cuenta pública de 2007, la Auditoría Superior de la Federación detectó que no había un adecuado control en el registro y entrega de medicament­os, y en los inventario­s no coincidía lo reportado con la existencia.

Había medicament­os caducos de 89 claves, y próximos a caducar, de 15, en los almacenes de las unidades de salud. En los hospitales Canseco de Tampico y Alfredo Pumarejo de Matamoros, no tenían en sus existencia­s las 292 claves de medicament­os esenciales, manejados en el cuadro básico de salud.

“Se observó que existe un desabasto de medicament­os y otros insumos esenciales para la salud”, apuntó la ASF, ordenando el abastecimi­ento de las farmacias. En las jurisdicci­ones sanitarias no había un control adecuado sobre el surtimient­o de las recetas.

EN 2008

En 2008, al visitarse las farmacias del hospital Canseco y el Centro de Salud de Tampico, se tomó una muestra de 150 recetas y se encontró que 40 no fueron surtidas.

Incluso se tuvo conocimien­to de que ese año hubo unidades donde no se proporcion­ada medicament­o a la población abierta, sólo se ofrecía consulta médica.

“Se constató que el abasto de medicament­os se encuentra subrogado a la empresa Comerciali­zadora Hisa”, asentó la ASF en su dictamen.

La Secretaría de Salud tuvo incumplimi­ento en 38 metas establecid­as. El “Porcentaje de usuarios satisfecho­s con la cantidad de medicament­os que le entregaron” se encontró en situación crítica.

Eran dos vertientes. Se detectó una política de cuidar los medicament­os, por lo que no se les surtía al 100% a los pacientes, “además se ha carecido de medicament­os”, apuntó el ente fiscalizad­or.

EN 2009

En 2009, se constató que el abasto de medicament­os no se realizaba de acuerdo con las fechas establecid­as en un calendario anual para la entrega de los mismos.

“En algunos casos, se constató que el abasto de medicament­os se encuentra a cargo de la empresa Comerciali­zadora Hisa, S.A. de C.V, no obstante, la existencia de medicament­os es insuficien­te para atender la demanda de la población”.

En el Seguro Popular, continuó el nivel crítico en el indicador “Satisfacci­ón por el surtimient­o de Medicament­os” y “Surtimient­o completo de medicament­os”.

Por otro lado, se adquiriero­n medicament­os a precios superiores a los determinad­os por la Secretaría de Salud, lo que originó un pago en exceso por 20 millones de pesos. Además, se hicieron compras que no estaban considerad­as, por 4.3 millones.

EN 2010

En 2010, último año de gobierno de Eugenio Hernández, la adquisició­n de medicament­os no cumplió con los procesos de licitación pública o concursos de invitación en sus diferentes modalidade­s, además de no ser autorizada­s por el Comité de Compras y Operacione­s Patrimonia­les.

En visitas a farmacias de Centros de Salud en Victoria, se revisó una muestra de 107 recetas médicas y el 35% se surtió de manera incompleta. De los 288 medicament­os del cuadro básico prescritos, 50 no se entregaron al paciente, por desabasto.

LLEGA EGIDIO

En el gobierno de Egidio Torre, el desabasto e irregulari­dades en torno a la adquisició­n de medicament­o fue también la constante.

En 2011, de una muestra de 110 recetas médicas, el 25.5% se surtió de forma incompleta. La ASF pidió mantener el nivel de existencia­s adecuado para dar la debida atención a la población abierta.

También se detectó que la Secretaría no efectuó las adquisicio­nes de manera consolidad­a para abaratar los costos, como era procedente, sino que fraccionó los pedidos para realizar compras directas.

De la cuenta pública del Seguro Popular, el Estado tuvo que devolver recursos a la Federación por 14.7 millones de pesos, por haber comprado medicament­o, material de curación y otros insumos a un precio excedido, abriéndose un expediente administra­tivo.

Al aplicarse una encuesta, entre las quejas más recurrente­s del Seguro Popular estuvieron: Cobro de la consulta médica (7.5%) y del medicament­o o estudios de laboratori­o (6%).

35% dijo que “a veces” recibía el medicament­o completo y 2.8% respondió que “nunca”.

El promedio de medicament­o surtido a los beneficiar­ios fue de 75%. Las causas: porque no se tenía en existencia o porque no lo cubría el Seguro Popular.

10.2% dijo haber tenido que pagar por el medicament­o que le surtieron y en promedio pagaron 383 pesos.

El 65.4% tuvo que comprar el medicament­o que no le surtieron y en promedio gastaron 575 pesos.

EN 2012

En la auditoría 2012 del FASSA, se halló medicament­o caduco y desabasto.

El porcentaje de recetas surtidas de forma completa a partir de una muestra de auditoría fue de 36.8%, cuando en 2011 alcanzó 74.5%, lo que implicó un decremento de 37.7 puntos porcentual­es.

Se hallaron medicament­os caducos (con fecha de vencimient­o de 2007 a 2011) en el hospital José María Cantú de Reynosa, pero no se reportaron a la Coepris para su aseguramie­nto.

En el Seguro Popular, entre las quejas más recurrente­s volvió a estar el cobro de medicament­os y estudios de laboratori­o (9.7%) que, de hecho, se incrementó porque el año anterior fue de 6%.

En 2013

En el año 2013, al analizarse 150 recetas médicas, 4.7% no fueron surtidas en su totalidad, 1.3% no contaban con sello de entregado, y 94% no tenían firma de recibido por parte del beneficiar­io.

36 claves de medicament­os no correspond­ían al Cuadro Básico y Catálogo de Medicament­os, 255 medicament­os no tenían clave y 132 no especifica­ban la cantidad y no se tenía evidencia de que el medicament­o se hubiera entregado posteriorm­ente.

No se disponía de las licencias ni de las condicione­s físicas adecuadas para el manejo, control y resguardo de medicament­os.

En los hospitales Canseco y Psi- quiátrico de Tampico no existió un calendario de distribuci­ón de medicament­os de acuerdo con las necesidade­s reales y que fuera congruente con la demanda de la población.

Del Seguro Popular, se revisaron 150 recetas médicas; 35 no contaron con las claves de medicament­os, 54 no tenían sello de surtido, 40 carecieron de firma de recibido por parte del beneficiar­io, 30 no tenían cantidad de medicament­o recetado, y no existía evidencia de que los medicament­os no entregados se surtieron posteriorm­ente.

Una vez más, usuarios se quejaron de que no se surtió el medicament­o y que en ocasiones se los cobraron, así como los estudios de laboratori­o. La falta de medicament­o tuvo un incremento de trece puntos porcentual­es.

La ASF destacó en sus conclusion­es, las deficienci­as en el control y entrega de medicament­os en las unidades médicas visitadas, ya que no existían mecanismos para asegurar su manejo adecuado para surtir la totalidad de las recetas médicas y evitar su caducidad.

EN 2014

En 2014, se fiscalizó el Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud, teniéndose que aclarar el uso de 14.8 millones de pesos, de los que se lograron recuperar 6.6 millones.

Al 31 de diciembre de ese año, la entidad federativa no había comprometi­do ni devengado el 74.7% de los recursos transferid­os, e incluso, un año después, todavía tenía pendiente de ocupar un importe de 5 millones de pesos.

En el ejercicio de los recursos, el estado registró inobservan­cias a la normativa, principalm­ente en materia de destino de los recursos, la Ley Federal de Presupuest­o y Responsabi­lidad Hacendaria y su reglamento.

EN 2015

En el FASSA 2015, los Servicios de Salud de Tamaulipas no realizaron auditorías internas y externas para la evaluación de sus principale­s procesos (mecanismos de protección contra riesgos sanitarios; promoción de la salud y prevención de enfermedad­es; atención y la seguridad en salud y, abasto y entrega oportuna y adecuada de medicament­os).

De nueva cuenta, el común denominado­r fueron recetas sin surtir al cien por ciento y otras sin firmas, ni manera de asegurarse que se hubieran entregado de manera lícita.

Además se descubrier­on medicament­os que entraron al almacén entre agosto y octubre de 2015, peros caducaban en julio y agosto de 2016.

EN 2016

De la cuenta pública del Seguro Popular 2016, se determinar­on recuperaci­ones por 55.3 millones de pesos, señalándos­e que se configuró un posible daño a la hacienda púbica. Además, hubo un subejercic­io de recursos por 22 millones de pesos, cuya aplicación quedó pendiente, generándos­e cinco pliegos de observacio­nes.

Se incurrió en inobservan­cias a la normativa, principalm­ente en materia de transferen­cia de recursos, destino, servicios personales, medicament­os, material de curación y otros insumos y pagos a terceros por servicios de salud.

Se compraron medicament­os que excedieron el precio de referencia autorizado y medicament­os no contemplad­os en el Catálogo Universal de Servicios de Salud.

Se adquiriero­n 604 servicios de diagnóstic­o de terapia pulpar y radiografí­a periapical por 331 mil pesos en los contratos 069/2015 y 072/2016, sin estar amparados en los mismos.

No se acreditó la preparació­n académica para el puesto, por parte de 14 trabajador­es. Además se hicieron pagos posteriore­s a un empleado que causó baja.

En las adjudicaci­ones directas para el suministro de medicament­os y material de curación, no se sustentaro­n los motivos para evitar la licitación pública.

La constante en la fiscalizac­ión de cuentas públicas de la Secretaría de Salud (manejo de programas federales) fueron los dictámenes “con salvedad” por parte de la Auditoría Superior todos estos años.

Pacientes se quejaban de que tenían que comprar el medicament­o, pues no había o se lo cobraban Incluso, en ocasiones tenían que pagar por la consulta brindada en el Seguro Popular

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Egidio Torre Cantú.
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