Faltan garantías legales y protección a policías
La Unión Nacional Nueva Policía AC pide que en Tamaulipas se dé todo el respaldo a los elementos en el combate al crimen, incluso a los caídos
Justicia ante los elementos que han perdido la vida en cumplimiento de su deber o han sido acusados sin sustento de violar garantías individuales de presuntos criminales, demanda la Unión Nacional Nueva Policía AC, la cual promueve ante el Congreso de Tamaulipas una reforma a la Ley de Seguridad Pública, para crear la Unidad Descentralizada en Defensa de los Derechos Humanos de los Policías y sus Familias.
El organismo no gubernamental, pide garantizar bajo un enfoque de prioridad real, los derechos de los elementos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública que encabeza Luis Felipe López Castro, mencionando que hay también efectivos que en su desempeño quedan heridos gravemente, sufren incapacidad de por vida, se les encarcela injustamente o pierden su trabajo.
La A.C. solicita un registro inmediato de policías que han muerto o han sido agredidos en su labor durante los últimos años, así como establecer cuántos están en la cárcel injustamente y que se revisen sus expedientes para apoyarlos jurídicamente, lo que afirma, será un respaldo importante.
Al informar lo anterior, Felipe Arnoldo Ramírez Molina, presidente de la Unión Nacional Nueva Policía, dijo que cuando los elementos de seguridad hacen su trabajo, no deben estar preocupados de que serán sometidos a algún procedimiento que tenga que ver con acusaciones infundadas de violaciones a los derechos humanos.
Indicó que a través de una Barra de Abogados Defensores de los Derechos Humanos de los Policías del país, la A.C. hizo el exhorto para una iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad en el Estado, por conducto del diputado local Clemente Gómez Jiménez, del distrito del Mante.
“Los servicios de la Comisión de la Defensoría Legal para los Policías serían gratuitos para los elementos acusados de haber cometido un delito durante el cumplimiento de su deber y sean sometidos a un procedimiento penal o de índole civil”, refirió.
Sostuvo que es necesario fortalecer la aplicación de los derechos humanos en las instituciones policiales, luego de que en los últimos años, se registra un clima de violencia cuyos generadores, cuando son detenidos, terminan acusando a las fuerzas del orden, de violar sus garantías individuales. “Aproximadamente un 90 por ciento de las quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos son acusaciones infundadas contra policías, militares y servidores públicos”, señaló.
Enfatizó que la propuesta busca prevenir y erradicar que los policías sean víctimas de acusaciones infundadas por el simple hecho de que los delincuentes que someten, no estén de acuerdo en que se les aplique la ley.
“Seamos justos para defender también a nuestros elementos, que son atropellados, sobajados y en muchas ocasiones quedan en un estado de indefensión y de vulnerabilidad”, demandó.
Ramírez Molina, estima que esto servirá para garantizar el derecho de un policía en su trabajo como primer respondiente y los informes homologados y otras figuras procesales existentes en el debido proceso.
“Hay quienes han perdido la vida en cumplimiento de su deber o salen gravemente heridos y nunca hay alguien defendiéndolos, pero sí vemos a los empresarios pidiendo seguridad. Los gobiernos estatal y federal deben tomar en cuenta esto cuando se acusa indebidamente a un elemento de violar derechos humanos. De ahí nace la necesidad de crear la Unidad Descentralizada para Defender los Derechos Humanos de los Policías, queremos también respaldar a quienes sufren incapacidad permanente, fueron encarcelados o despedidos injustamente y buscamos un registro inmediato de todos ellos”, puntualizó.