Condena la ONU “uso excesivo” de la fuerza
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos advierte a Venezuela por la violencia contra manifestantes, “detenciones arbitrarias y torturas”
El gobierno del presidente Nicolás Maduro fue advertido por la ONU por el “uso excesivo de la fuerza” y “detenciones arbitrarias”, aumentando el aislamiento internacional de Venezuela tras la instalación de una polémica Asamblea Constituyente, un “suprapoder”, calificado de “fraudulento” por la oposición.
El titular del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, alertó sobre el “uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva y detenciones arbitrarias” contra manifestantes e, incluso, “torturas”, mientras que el titular de la ONU, Antonio Guterres, temió que Venezuela se distancie de la paz.
La declaración antecedió a un pronunciamiento de 17 países de América, cuyos cancilleres se reunieron en Lima y condenaron la “ruptura” de la democracia en Venezuela, desconociendo la Constituyente y sus actos. Ambas proclamas llegan tres días después de que el Mercado Común del Sur (Mercosur) suspendiera a Venezuela bajo el mismo argumento.
Mientras, en Caracas los cancilleres del Alba, grupo de países aliados de Maduro entre los que figuran Cuba, Bolivia, Nicaragua y Ecuador, se reunieron para expresarle apoyo.
En sesión en el Palacio Legislativo, los 545 asambleístas de la Constituyente —todos oficialistas— aprobaron un acuerdo de respaldo a la Fuerza Armada, tras el ataque de un comando de una veintena de hombres a un cuartel en Valencia (norte), el domingo, que dejó dos muertos y ocho capturados.
Unos 15 diputados opositores fueron impedidos por militares de ingresar a la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), cuyo recinto colinda con el que ocupará la Constituyente, que reformará la Carta Magna de 1999. “Este gobierno invade los espacios que ya no es capaz de ganar legítimamente”, dijo Stalin González, jefe de la mayoría opositora.
También ayer, la Constituyente aprobó una ley marco para una “comisión de la verdad” que investigará hechos de violencia política desde 1999, cuando ascendió al poder Hugo Chávez, fallecido en 2013. Su presidenta, Delcy Rodríguez, lo consideró “un paso histórico”, pero la oposición teme una cacería de brujas.
La Constituyente se estrenó el fin de semana con la destitución de la fiscal Luisa Ortega, confesa chavista que rompió con Maduro, a quien acusa de “dictador”.
La justicia condenó en las últimas horas a 15 meses de cárcel al alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, y fijó para mañana la audiencia contra David Smolansky, alcalde de El Hatillo, ambos municipios del este de Caracas. Hace 10 días fue detenido Alfredo Ramos, alcalde de Barquisimeto (oeste). Los tres son procesados por “no evitar trancas de vías” en las protestas.
La Constituyente regirá al país por hasta dos años —más allá del mandato de Maduro, que concluye en enero de 2019— como un poder plenipotenciario, tomando decisiones de aplicación inmediata. La oposición asegura que en realidad busca instaurar una “dictadura comunista”.
Tras su infructuoso intento de frenar la Constituyente, la oposición afronta el dilema de las elecciones de gobernadores de diciembre, cuya inscripción de candidatos se realizará en las próximas 48 horas. El Palacio Legislativo, en el centro de Caracas, amaneció con fuerte presencia de la Guardia Nacional y, según el diputado Jorge Millán, también de “colectivos”, grupos civiles que de acuerdo con la oposición son armados por el gobierno.
Millán añadió que esas milicias golpearon los vehículos de los legisladores, mientras algunos periodistas denunciaron que también se les impidió el acceso. “Entraron como el hampa”, dijo Millán a reporteros, y reiteró que para mañana está convocada una sesión ordinaria del parlamento.