Ley laboral, rezagada en derechos humanos, dice defensor
Falta legalizar lo que se ha solicitado por años, como incrementar los días de maternidad y paternidad o dar seguridad social a los adolescentes, señala
La Ley Federal del Trabajo necesita ser armonizada con la reforma constitucional de los derechos humanos, pues aún falta legalizar lo que se ha solicitado por varios años como incrementar los días de maternidad y paternidad o dar seguridad social a los adolescentes de entre 15 y 17 años a los que se les permite laborar y a las trabajadoras domésticas, afirmó Ricardo Bucio Mujica, secretario ejecutivo del Sistema de Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes.
Visión equivocada
El funcionario, que participará mañana en un panel de MILENIO Foros: Derechos Humanos y Empresas, señaló que se requiere “eliminar la visión parcial o equívoca de que los derechos de los trabajadores afectan los beneficios de las empresas y encontrar la forma de que ambos ganen”.
En materia derechos humanos y empresas, dijo, “nos hacen falta varias cosas... ejemplos hay muchos, pero quisiera mencionar dos que son claros, tienen que ver con trabajo infantil, uno de ellos es el trabajo doméstico remunerado que hacen básicamente niñas y adolescentes, también mujeres; hay más de 2.4 millones que hacen trabajo doméstico remunerado y que por ley no tienen acceso a la seguridad social y eso afecta no solo a la vida de ellas, sino a sus familias, quizá a 10 millones de personas”.
Otra necesidad es la contradicción en el trabajo de menores de edad, que es permitido para los adolescentes entre los 15 y 17 años, “pueden tener un trabajo formal, pero no tienen acceso a seguridad social; sí tienen derecho a trabajar pero no a cotizar en el Seguro Social y de ir abonando a su pensión y jubilación. Son cuestiones que no se pensaron desde hace muchos años, porque antes el trabajo infantil no se tenía que regular... se pensaba que la labor al amparo de las familias era siempre benéfico, pero tenemos claros ejemplos de abuso laboral por parte de esas familias, por lo que necesitamos una política que proteja todos los derechos de manera conjunta”.
Además, se requieren “políticas muy estrictas y muy claras en el tema de tema de despido o de no contratación por embarazo, el no ascenso por razón de género... que haya lactarios, acceso adecuado a las guarderías y estancias infantiles, es decir, que el trabajo pueda proveer a las personas los mecanismos para cuidar a sus hijos y familias para procurar el bienestar suficiente”.
De acuerdo con Bucio, “esto no solo depende del desarrollo económico, sino de que las leyes lo establezcan claramente”
Sin castigo
Al respecto, el fundador y director ejecutivo de la asociación Project on Organizing, Development, Education and Research (Poder), Benjamín Cokelet, lamentó que en el país no exista ninguna ley que por sí sola sancione a una empresa que viole derechos humanos. Previo a su participación en MILENIO Foros, donde participará en el panel Panorama Actual y ¿Qué falta por hacer?, el defensor de los derechos humanos desde la organización civil llamó a la Secretaría de Gobernación a que se avance en la instrumentación de un programa nacional en la materia.
Recordó que desde hace dos años se trabaja en la creación del Programa Nacional de de Empresas y Derechos Humanos, pero cuestionó que el borrador en la materia carece de especificidad en cuanto a las sanciones aplicables a una empresa desde el ámbito administrativo y hasta penal. Además, criticó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no haya emitido jurisprudencia en la materia, a pesar de que ha tenido la oportunidad de pronunciarse en dos ocasiones. “Actualmente carecemos de legislación, como de jurisprudencia y de acciones de cumplimiento que muestren que una empresa que comete violaciones a derechos humanos puede ser responsable de sus acciones de forma civil y, de ser necesario, hasta penal”, insistió. Puso como ejemplo el caso de Grupo México, firma sobre la que existen casos emblemáticos como los hechos de la mina de Pasta de Conchos, en Coahuila, y el desastre ecológico de los ríos Sonora y Bacanuchi. Al final, la minera solo pagó una multa de 0.00016 por ciento de sus ingresos brutos.
“Aún falta mucho camino para que exista una adecuada protección de los derechos humanos, tanto por la inseguridad como por la falta de responsabilidad social de las empresas”, concluyó Cokelet.