PRI APROBÓ INVESTIGAR VENTA DE TERRENO
Hace 13 años, con fecha del 2 de junio de 2004 la entonces diputada Blanca Judith Díaz promovió la iniciativa para dar solución a casos de corrupción en terrenos expropiados. El 20 de julio la Primera Comisión firmó, avalando la investigación.
Eran los tiempos de Vicente Fox en la Presidencia de la República y en Tamaulipas gobernaba Tomás Yarrington. En aquel entonces, hasta César Camacho Quiroz, a la postre dirigente nacional del PRI, aprobó en su momento para que se investigara la presunta venta fraudulenta de terrenos en Altamira por los que ahora está detenido el exgobernador Eugenio Hernández Flores.
Esto como miembro de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en el año 2004, cuando siendo senador participó en la aprobación de un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de la Función Pública a investigar sobre las probables irregularidades suscitadas a partir de la expropiación de predios para la construcción del Puerto Industrial de Altamira en el estado de Tamaulipas y su posterior manejo.
Documentos en poder de MILENIO Tamaulipas muestran que a partir de una iniciativa promovida por la entonces diputada, Blanca Judith Díaz Delgado, se exigió investigar y dar solución a posibles actos de corrupción en el estado. El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, para su análisis.
La petición ingresó el 2 de junio de 2004 y fue dictaminada el 20 de julio del mismo año, coincidiendo diputados y senadores en que debía exhortarse a la Secretaría de la Función Pública a agilizar las investigaciones en torno a los terrenos expropiados a campesinos para la construcción del Puerto de Altamira y que fueron transmitidos al fideicomiso “Nuevo Santander” para luego venderse a un particular.
En la exposición de motivos se dijo que existían indicios de actos de corrupción de algunos funcionarios y particulares con perjuicio al erario del Estado y a costa de los campesinos afectados y que estas irregularidades podrían configurar desvíos de recursos, uso indebido de atribuciones, violación a la normatividad en materia de obras, contratos y adquisiciones públicas y otras más.
Según se indicó, de 1981 a 1996 se efectuaron diversas expropia- ciones para la construcción del Puerto Industrial de Altamira y sus accesos, afectando directamente a los campesinos y pescadores de los ejidos Altamira, Armenta y Pedrera, entre otros. El decreto inicial del año 1981 indicaba que, de no utilizarse para el propósito declarado en cinco años, sería revertido a sus poseedores originales.
Se precisó que el gobierno federal realizó varias desincorporaciones de estos terrenos y otros hacia el gobierno del estado para la construcción del Canal Intracostero de Tamaulipas, con una cláusula similar que obligaba al Estado a revertir las disposiciones en caso de no utilizarse para los fines dispuestos en un término perentorio.
Se hizo énfasis en que en 1990 se había constituido el Fideicomiso “Nuevo Santander” para la transmisión y recepción de cien hectáreas del gobierno federal hacia el estado de Tamaulipas para la construcción del Parque Industrial Nuevo Santander en Ciudad Victoria, Tamaulipas.
En fecha posterior, el Congreso de Tamaulipas anuló la autorización para la construcción del Canal Intracostero y los terrenos correspondientes, equivalentes a aproximadamente 1,600 hectáreas, fueron “indebidamente transmitidos al Fideicomiso antes señalado, creado para otro fin, violentando el espíritu original de la expropiación y posterior desincorporación, pues debió proceder la revisión del decreto y la restitución de esos terrenos a sus anteriores propietarios”.
A lo anterior, se sumaba el agravante de que en el mes de junio del año 2002, el citado predio fue vendido a la sociedad mercantil denominada “Materiales y Construcciones Villa de Aguayo” S.A. de C.V. El dictamen refiere que, de acuerdo a los antecedentes del caso, el valor real del predio era superior a los 3 mil 200 millones de pesos, sin embargo el precio total de venta fue de 14 millones, lo que implicaba, se dijo, probables irregularidades.
Vender en 87 centavos el metro cuadrado puede constituir un daño al patrimonio del Estado, además de que dicha venta parece ajena al propósito original de la expropiación, Hasta hoy no se ha terminado de indemnizar a los campesinos expropiados.
La Primera Comisión expuso que no prejuzgaría irregularidades, ni señalaría presuntos culpables, pero que ello no obstaba para solicitar a la Secretaría de la Función Pública una investigación del caso.
Por tal motivo se dictaminó como punto único, exhortar a la SFP, a investigar las probables irregularidades suscitadas a partir de la expropiación de predios para la construcción del Puerto Industrial de Altamira y su posterior manejo.
Con fecha 20 de julio de 2004, firmaron los integrantes de la Primera Comisión, Felipe Vicencio, presidente; María Esther Sherman, secretaria; Omar Ortega, secretario; senadores Manuel Bartlett, César Camacho, Martha Tamayo, Jorge Zermeño, Marco Adame, Jesús Ortega; diputados Jorge Uscanga, Germán Martínez, Blanca Judith Díaz, Jesús Ortega, Guillermo Velasco.
La mañana del viernes, el exgobernador Eugenio Hernández Flores (2005-2010) fue detenido al existir en su contra una orden de aprehensión girada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por los presuntos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En un comunicado, se explicó que se apropió de las 1,600 hectáreas localizadas en el Puerto Industrial de Altamira, con un valor de 1, 584 millones de pesos, que presuntamente le fueron vendidas a su vez, por Fernando Cano, propietario de Materiales de Construcción Villa de Aguayo.
El valor real del predio era superior a los 3 mil 200 millones de pesos; el precio total de venta fue de 14 mdp Vender en 87 centavos el metro cuadrado constituye un daño al patrimonio del estado