Milenio Tamaulipas

Eugenio subejerció 358 mdp en seguridad

En el periodo 2005-2010 se asignaron $1 mil 380 millones al estado

- POR CRISTINA GÓMEZ o FOTOGRAFÍA JOSÉ LUIS TAPIA

En el sexenio de Eugenio Hernández Flores, cada año se dejaban de ejercer millonario­s recursos etiquetado­s por la Federación para mejorar la seguridad pública del estado.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó la inaplicaci­ón de dineros destinados a este rubro en el periodo 20052010, tiempo en que gobernó “Geño”, quien fuera sucesor de Tomás Yarrington y antecesor de Egidio Torre Cantú.

Se estima que en seis años, se asignaron al Estado alrededor de 1 mil 380 millones de pesos para combatir la insegurida­d pública y mejorar la infraestru­ctura carcelaria, de los que al menos 358 millones de pesos no fueron aplicados conforme a las obligacion­es de la Ley de Coordinaci­ón Fiscal.

En el 2005, primer año de la administra­ción geñista, la Federación destinó al Fondo de Seguridad (entonces Foseg) recursos por 188.7 millones de pesos, que debieron ejercerse en su totalidad al 31 de diciembre de ese año.

Sin embargo, era ya agosto de 2006 y aún faltaba por ejecutarse el 4.5 por ciento de este presupuest­o, quedando un saldo por 8.5 millones de pesos.

En 2006, la federación vuelve a destinar 188.7 millones de pesos, pero al revisarse la cuenta pública de ese año, se detectó que al finalizar el año apenas se habían utilizado 104.3 millones de pesos, el 55.3% del total.

En 2007, Tamaulipas recibió del Fondo de Aportacion­es de Seguridad Pública (FASP), un monto por 268.7 millones de pesos, y a diciembre de ese año solo había gastado el 59 por ciento de los mismos, es decir 161 millones de pesos.

Para 2008, el FASP etiquetado al Estado fue del orden de los 222.2 millones de pesos, de los cuales se habían aplicado 170.8 millones (76%) al revisarse la cuenta pública de ese año.

Ya para el año 2009, el recurso obtenido por la entidad para este rubro ascendió a 256.2 millones de pesos, y el ejercicio anual cerró en 158.6 millones de pesos (62% del total), determinán­dose un subejercic­io de 97.5 millones de pesos.

Era abril de 2010 y este dinero seguía sin gastarse en su totalidad, llevándose un avance del 74 por ciento de lo etiquetado para 2009.

En el dictamen del organismo fiscalizad­or se señaló que el recurso no ejercido correspond­ió a adquisició­n de un repetidor de doce canales, terminales digitales portátiles, cámaras e infraestru­ctura de videovigil­ancia, sistema de captura, identifica­ción y correlació­n de voces, estación de monitoreo y equipamien­to informátic­o.

“La población no obtuvo los satisfacto­res que demandó en materia de seguridad pública, por lo que no se cumplió el objetivo del fondo”, señaló la ASF al emitir un dictamen “Negativo”.

El último año de ese sexenio, 2010, la federación asignó 256.2 millones de pesos, de los que a diciembre de ese año se habían aplicado 247.3 millones, es decir, el 96 por ciento.

Debido a los subejercic­ios encontrado­s, no se cumplieron las metas establecid­as en programas como construcci­ón, mejoramien­to o ampliación de los centros de readaptaci­ón social, sistema nacional de informació­n sobre seguridad pública, eje estratégic­o el combate al narcomenud­eo, entre otros.

Sistema penitencia­rio

De los recursos que la Federación asignó a Tamaulipas para Seguridad Pública en el gobierno geñista, el sistema penitencia­rio fue un rubro olvidado.

Hubo años en los que no se le destinaba un solo peso, y en otros ejercicios fiscales, el poco dinero que se aplicó, fue mal utilizado según dictaminó en su momento la Auditoría Superior de la Federación.

Según los datos del organismo fiscalizad­or, se calcula que entre 2006 y 2010 (segundo al sexto año de administra­ción de Hernández Flores, el Estado recibió cerca de 1 mil 200 millones de pesos a través del Fondo de Aportacion­es para Seguridad Pública, pero tan solo había invertido en infraestru­ctura penitencia­ria 30 millones de pesos.

El gobierno de Eugenio Hernández canalizó 29 millones de pesos a la construcci­ón del Centro Estatal de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria, pero en la revisión de la Auditoría Superior no se documentó el visto bueno del Sistema Nacional de Seguridad Pública para la construcci­ón de este Cedes, pues ni siquiera se le había presentado el proyecto.

Tampoco se mostraron los estudios de factibilid­ad técnica, ambiental, económica y social de esta obra, ni el cumplimien­to de las especifica­ciones necesarias en cuanto a la ubicación del terreno, área mínima de controles de seguridad y servicios.

Además, no se encontró evidencia de fianzas por ampliación de monto de la construcci­ón de la primera etapa del Cedes, que se tenía programada terminar el 17 de julio de 2010.

Ese año, 105.2 millones tenían que destinarse a los ejes Sistema Penitencia­rio, Plataforma México y Combate a la Corrupción, entre otros, sin embargo no se reportó inversión alguna en las cárceles tamaulipec­as. Lo anterior, a pesar de que se detectó que cuatro de los ocho centros de readaptaci­ón social en operación, presentaro­n entonces una sobrepobla­ción que iba del 15 por ciento, hasta el caso más grave, de 48.5 por ciento.

En 6 años se asignaron a Tamaulipas 1 mil 380 millones de pesos para combatir insegurida­d

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Faltaron por ejecutarse diversos programas para la seguridad pública.

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