El sistema de procuración de justicia, en “grave crisis”
CONSULTA NACIONAL SOBRE EL MODELO La UNAM, el CIDE y el Inacipe urgen en su informe a impulsar un rediseño profundo e integral
El sistema de procuración de justicia enfrenta una “grave crisis”, es “inoperante”, no funciona en la actualidad, y menos ahora que está en marcha el nuevo sistema penal.
Así se concluye en el informe de la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia elaborado por los institutos de Ciencias Penales (Inacipe), de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), que urgen a impulsar un rediseño profundo e integral.
El análisis se presentó ayer en Palacio Nacional, en un momento calificado como “azaroso” por lo que sucede en el Senado, la falta de un titular de la PGR, así como de los fiscales electoral y anticorrupción.
Se dio a conocer ante el encargado de despacho de la PGR, Arturo Elías Beltrán; el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales; el presidente de la CNDH, Luis Raúl González; el titular del INE, Lorenzo Córdova, y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón.
Destacó la ausencia de los líderes de la Cámara de Diputados y del Senado, lo que, en opinión de la investigadora María Amparo Casar, fue un hecho “lamentable” y de “mal augurio”, porque quedaron “vacías las sillas” de quienes tienen en sus manos la facultad de discutir y la llave para aprobar las reformas necesarias que permitan superar la crisis de justicia.
El director del CIDE, Sergio López Ayllón, delineó tres problemas centrales que se detectaron con la consulta:
Falta de una visión sistémica de la seguridad pública y de justicia penal, que conlleva una fragmentación sobre las responsabilidades que corresponden a cada institución.
Procuradurías con graves problemas estructurales y deficientes, además de serias fallas en el uso de información sobre incidencia delictiva, zonas de riesgo y antecedentes penales que eviten la recurrencia de la denominada “puerta giratoria”.
“Las procuradurías de todo el país tienen problemas estructurales que se traducen en falta de capacidades para realizar investigación criminal, carencias para solucionar la inmensa mayoría de los casos y frecuentes violaciones a derechos humanos”, puntualizó.
Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, consideró que lo que sucede en el Senado es una muestra de las razones que apremian a impulsar un marco constitucional y legal estable, confiable y moderno.
“Todos los diagnósticos elaborados por la propia PGR o instituciones académicas y sociales coincide: nuestro diseño institucional para procurar justicia no funciona...”.