Cómo volver la publicidad oficial un bien público

Si se siguieran al pie de la letra los lineamientos del artículo 134 constitucional, la publicidad oficial, hoy un escándalo por su opacidad y sus montos, podría volverse una inversión virtuosa.

El millón de pesos que cada hora gasta el gobierno federal en publicidad, y otro tanto que gastan los estados, podría invertirse en campañas publicitarias con “fines informativos, educativos o de orientación social”, tal como dice el artículo 134, sin incluir nunca, como sigue diciendo el artículo, “nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.

Puedo imaginarme una campaña larga, persistente, efectiva, de resultados medibles, destinada a promover entre los mexicanos los hábitos de una vida sana, empezando por la dieta, el ejercicio y la cultura de prevención de la enfermedad.

Puedo imaginarme una poderosa campaña de valores y conductas educativas: a favor del acompañamiento familiar de la escuela en la casa, de la lectura, del uso de nuevas tecnologías, del aprendizaje del inglés.

Puedo imaginarme campañas persuasivas contra las grandes lacras de nuestra vida cotidiana: la violencia intrafamiliar, el hostigamiento y el abuso sexual, la discriminación de la mujer, el bullying.

Campañas contra la corrupción, contra la violencia, contra la impunidad, contra toda forma de abuso de poder.

Campañas en favor de buenos hábitos ecológicos (empezando por no tirar basura), buenos hábitos de trato y convivencia, buenos hábitos viales, buenos hábitos de ahorro y previsión para el futuro, buenos hábitos de compra y consumo.

Campañas, también, de identidad y autoconocimiento, en torno a las fortalezas físicas y culturales de México: biodiversidad, patrimonio artístico, gastronomía, territorio.

Hablo en todos los casos de campañas publicitarias destinadas a “vender” valores y conductas que pueden mejorar la vida del receptor del mensaje, más que a mejorar la imagen del emisor. Campañas que pongan en primer lugar el interés y la mejora de los ciudadanos, no el prestigio de las instituciones que las pagan.

Creo que los miles de millones de pesos gastados en publicidad oficial podrían usarse con enorme provecho en campañas como las que sugiero, y muchas más, destinadas a mejorar los hábitos cotidianos de la gente, en su propio provecho. Sería una forma de cumplir al pie de la letra lo que dice el artículo 134 constitucional.

Por cierto: felicidades a sus redactores.