Desde 2005 se pidieron cuentas del Fideicomiso Nuevo Santander

El 26 de enero del 2005, ya en los últimos días del gobierno de Tomás Yarrington, la fracción panista en el Congreso Local pidió cuentas del Fideicomiso Nuevo Santander.

Era la 58 Legislatura, donde el albiazul demandó transparencia de esta entidad paraestatal, que en teoría, tenía como objetivo primordial, administrar a favor del Estado de Tamaulipas, bienes inmuebles de su propiedad para fomentar el desarrollo industrial.

En dicho fideicomiso, se había designado originalmente como fiduciaria a Banca Serfin, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, desconociéndose oficialmente si así continuaba constituido. “Dicho fideicomiso a través de los años, ha recibido diversos inmuebles propiedad de la Hacienda Pública Estatal para su administración, los cuales están ubicados en diversas partes de nuestra entidad”, se señaló.

Por ejemplo en Victoria, una superficie de 100-00-00 hectáreas para industrias no contaminantes, a favor del Fideicomiso de Inversión y Administración que constituiría con Banca Serfín, a fin de cumplir con los objetivos de promoción y desarrollo industrial y comercial de un parque industrial.

El inmueble ubicado en Altamira, y que cuenta con 160003-85.11 hectáreas, el cual se destinaría supuestamente a la realización de los fines propios del Fideicomiso Nuevo Santander. “Dicho fideicomiso es de gran importancia para el desarrollo industrial de nuestro estado, por ende, para dar transparencia, es necesario conocer cuales fueron las modificaciones que sufrió el convenio celebrado entre el Gobierno del Estado y Banca Serfin, y saber de esta forma, porqué presumiblemente resultaron ser otros los beneficiados”, expuso la bancada panista.

Le llamaba la atención, el hecho de encontrarse el inmueble de Altamira, dentro del perímetro del Puerto Industrial de Altamira, el cual se convertiría de conformidad con los proyectos que tienden a desarrollarse, en el quinto conglomerado petroquímico en el mundo, destinado a la refinería y empresas dedicadas al procesamiento de productos derivados del petróleo. “Tomando en consideración que los inmuebles antes citados, son de gran valía para nuestro estado, es necesario y urgente que éste Poder Legislativo investigue porque el inmueble de 1600-0385.11 hectáreas ubicado en el [ [ [ Puerto Industrial de Altamira, fue vendido fraudulentamente a la sociedad mercantil denominada “Materiales y Construcciones Villa de Aguayo”, S.A. de C.V., representada por su Apoderado General, Fernando Cano, cuando el espíritu del Fideicomiso fue el de vender, pero no a un solo ente público o privado”.

Añadía que, de acuerdo al Acta número 4564, contenida en el Legajo 6-092, Sección Primera, de fecha 25 de Junio del año 2003, del Registro Público de la Propiedad, se hizo la venta a un precio total de $14,000,000.00 (Catorce Millones de Pesos, 00/100 M.N.), cuando en todo caso, el valor real de este inmueble sería de alrededor de $320,000,000.00 (Trescientos Veinte Millones de Dólares).

“Para que se comprenda mejor, un terreno industrial en la zona de desarrollo más importante de nuestro Estado, como es este caso, donde el precio real oscila entre los $200.00 y $500.00 por metro cuadrado, fue vendido a un particular, en $0.87 Centavos por metro cuadrado, lo cual, de confirmarse, se convierte en un delito grave de parte del Gobierno del Estado, al aceptar se desvirtúe el destino original del contrato y convenio, para lo que fue creado el Fideicomiso Nuevo Santander, permitiendo el Ejecutivo Estatal, el enriquecimiento ilícito de particulares”.

Se añadió en el planteamiento que, es de todos conocido, el hecho de que Fernando Cano, dueño de varias empresas dedicadas al ramo de la construcción, tenía gran amistad con el gobernador, “lo cual ha generado que dicho particular, se vea favorecido para llevar a cabo la construcción de la obra pública más importante de la entidad en este sexenio, beneficiándose de los contratos multimillonarios”.