Empresas ignoran su deber en combate anticorrupción
Advierte que desconocer la legislación deja a comercios expuestos
Pese a que la nueva legislación contra la corrupción obliga a las empresas a contar con un plan de acción para combatir ese delito, muchas no lo tienen y desconocen que en la determinación de responsabilidades en eventuales denuncias, la autoridad valorará si las empresas cuentan con ese plan, reconoció la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). “Lo que vemos es que las transnacionales, por otra legislación que aplican, ya tienen un sistema de mejores prácticas; también vemos a empresas nacionales que tiene uno muy sólido, pero también vemos a empresas grandes, medianas y chicas que no tienen este programa de mejores prácticas”, explicó Alejandro Ríos Rippa, presidente de la Comisión Anticorrupción de Coparmex.
En entrevista con MILENIO, dijo que las empresas pueden llegar a cometer actos de corrupción por desconocer la legislación.
Con motivo del Día Internacional contra la Corrupción, que se celebró el 9 de diciembre, Ríos Rippa explicó que “nuestro enfoque es ‘para que no cometas corrupción, conoce la legislación’”.
El empresario dijo que en el organismo gremial al que pertenece aún no hay una estadística formal sobre ese incumplimiento entre sus miembros, pero que es una medición que podrá conocerse a finales del próximo año.
En octubre se dio a conocer una herramienta desarrollada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Transparencia Mexicana, la cual reveló que de las 500 empresas más grandes de México, 309 (62 por ciento) no obtuvieron una calificación adecuada en sus políticas anticorrupción. De acuerdo con datos del Inegi, en 2016 las empresas del sector industrial y las empresas grandes son las más proclives a la corrupción.
En la industria, 75 de cada mil empresas fueron víctimas de corrupción; mientras que 131 de cada mil empresas grandes estuvieron expuestas a participar, el doble que las micro, según reveló la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (Encrige), la primera en su tipo que brinda información sobre la percepción, experiencia y satisfacción de las unidades económicas respecto a los trámites y servicios gubernamentales.
La Encrige de 2016 también arrojó que uno de cada 10 establecimientos participó en al menos un acto de corrupción en trámites o inspecciones, sin incluir a las unidades económicas de tamaño micro.
El Inegi también observó, conforme aumenta el tamaño de la unidad económica, la probabilidad de que una unidad económica se encuentre en una situación de corrupción es mayor. “Con una tasa de mil 317 unidades víctimas de corrupción por cada 10 mil unidades económicas, los establecimientos grandes tuvieron en 2016 dos veces más probabilidad de participar en un acto de corrupción que las microempresas, cuya tasa de prevalencia fue 534 establecimientos por cada 10 mil”, detalló. Para Ríos Rippa, las empresas deben contar con al menos tres herramientas para combatir la corrupción e irradiar su filosofía: un código de ética, un manual de buenas prácticas y una línea de denuncias.
El jueves Coparmex presentó un modelo de estos tres instrumentos para que sus miembros los adopten y puedan cumplir con lo que marca la legislación.
La nueva ley de responsabilidades administrativas señala que las empresas deberán contar con un manual de organización y procedimientos que especifique las distintas cadenas de mando y liderazgo.
Así como un código de conducta que cuente con sistemas y mecanismos de aplicación, sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoría; sistemas de denuncia, procesos disciplinarios y consecuencias; sistemas y procesos adecuados de entrenamiento, capacitación, mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia y publicidad de sus intereses.