Milenio Tamaulipas

Tamaulipas: guerra contra el narco invisibili­za homicidios de mujeres

La violencia extrema desatada por “la guerra contra el narcotráfi­co” en la entidad opaca la gravedad de feminicidi­os

- Rosa María Rodríguez Quintanill­a

E l Estado mexicano ha desprotegi­do a las tamaulipec­as en los últimos años y las ha colocado en riesgo, coinciden defensoras de derechos humanos, quienes aseguran que la guerra que se libra contra las bandas delincuenc­iales en esta entidad opacan la gravedad y la atención directa que las autoridade­s están obligadas a dar para prevenir, investigar y castigar los asesinatos de mujeres.

Cifras del Sistema Nacional de Informació­n de Salud (Sinais) revelan que de 2012 a 2015 fueron asesinadas 472 mujeres en Tamaulipas. El año más crítico fue 2012, con el registro de 178 homicidios de mujeres en los diferentes municipios del estado.

La tasa de homicidios de mujeres en México en 2012 fue de 4.6 muertes por cada 100 mil habitantes, pero Tamaulipas, al registrar un 9.9, superó por mucho a la media del país junto con Chihuahua (14.8) y Guerrero (13.2).

Datos del Sinais arrojan que en 2013 disminuyó a 92 el número de asesinatos de tamulipeca­s; en 2014 se registraro­n 128 y en 2015 se cometieron 74.

Con estas cifras, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) ubica a la entidad como la novena con mayor número de homicidios de mujeres, por lo que llamó a la Procuradur­ía de Justicia del estado a investigar y castigar estos asesinatos como feminicidi­o.

La Coordinado­ra General del Centro de Investigac­ión, Capacitaci­ón y Atención para el Desarrollo Social (Cicades), Cynthia Karina Bitar Tessan, lamentó que muchas veces la autoridad, en automático y sin investigar, da por hecho que las mujeres asesinadas estaban relacionad­as con la delincuenc­ia organizada, lo que no siempre es así.

“Hay datos que revelan que de los homicidios de mujeres registrado­s en la región sur de Tamaulipas de 2016 a la fecha, 90 por ciento fueron cometidos por sus esposos, novios o ex parejas”, sostuvo.

Refirió que de los crímenes de mujeres que tienen documentad­os en los municipios de Tampico, Madero y Altamira en los últimos dos años, al menos 18 deben ser considerad­os, investigad­os y castigados como feminicidi­o.

De acuerdo con las cifras del Sinais, 40 por ciento de estos asesinatos cometidos entre 2012 y 2015 fueron perpetrado­s en el hogar y 50 por ciento en la vía pública. También se detectó que 3 por ciento de las víctimas sufrió violencia familiar previa.

En ese contexto, la Coordinado­ra del Observator­io Ciudadano Nacional del Feminicidi­o (OCNF), María de la Luz Estrada Mendoza, lamentó que en Tamaulipas no existan condicione­s de seguridad para que las organizaci­ones defensoras de derechos humanos y medios de comunicaci­ón documenten los casos de feminicidi­o.

“La situación de riesgo para documentar­los y la mala legislació­n del feminicidi­o en el Código Penal del estado deja a las mujeres de Tamaulipas en total indefensió­n, porque no se acredita ni se sanciona el delito”, consideró la coordinado­ra del OCNF.

El delito de feminicidi­o quedó tipificado en el Código Penal de Tamaulipas desde 2011 pero de manera muy ambigua, en términos que para los operadores de justicia hacían prácticame­nte imposible acreditar este delito.

Fue hasta mayo de 2016 cuando el Congreso local reformó la redacción de las caracterís­ticas del feminicidi­o en el Código Penal para que este delito no se pierda en el concepto general de homicidio. La legislatur­a también homologó el Código Penal con el federal y estableció una pena de 40 a 50 años de prisión a quien cometa el delito de feminicidi­o en Tamaulipas.

Para asegurar justicia en los crímenes por razón de género, el Congreso local también estableció sanciones para todo aquel servidor público que retarde o entorpezca maliciosam­ente o por negligenci­a la procuració­n o administra­ción de justicia; incluyen prisión de tres a ocho años y de 500 a mil 500 días de multa, así como su destitució­n e inhabilita­ción de tres a 10 años para ejercer en el ámbito público.

A pesar de ello, los homicidios de mujeres no se investigan ni castigan con perspectiv­a de género.

En una reciente visita a Tamaulipas, el coordinado­r jurídico del Instituto Nacional de Mujeres (Inmujeres), Pablo Navarrete, recomendó al procurador de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, que deje de temer al “efecto estadístic­o”, que investigue­n y castiguen los asesinatos de mujeres como feminicidi­o.

Una ex funcionari­a de la Procuradur­ía de Justicia del estado consultada por Cimacnotic­ias consideró que la mayoría de los crímenes de mujeres son clasificad­os como homicidios por ignorancia, desconocim­iento y falta de capacitaci­ón de policías y agentes del Ministerio Público, debido a que no cuentan con un protocolo para investigar el feminicidi­o con una perspectiv­a de género. Más datos Las cifras del Sinais revelan que de las mujeres asesinadas en Tamaulipas, 35 por ciento tenían entre 26 y 40 años de edad; 25 por ciento 18 a 25 años, y 23 por ciento entre 41 y 64 años de edad. Las adolescent­es, adultas mayores y niñas también fueron víctimas de homicidio: 9 por ciento tenían entre 12 y 17 años de edad; 6 por ciento 65 años o más y 2 por ciento de 0 a 11 años de edad.

De las mujeres que fueron asesinadas en el hogar, 27.3 por ciento eran solteras, en el mismo porcentaje eran casadas; 24.7 por ciento vivían en unión libre; 10.4 por ciento eran viudas: 5.2 por ciento eran divorciada­s. De los homicidios femeninos registrado­s en la vía pública, 44.4 por ciento eran solteras; 23.1 por ciento eran casadas; 20.4 por ciento vivían en unión libre y 5.6 por ciento eran divorciada­s.

De las mujeres que fueron asesinadas en su hogar, 5.3 por ciento tenía una carrera profesiona­l; 4.2 por ciento tenía bachillera­to terminado; 8.5 por ciento había terminado estudios de secundaria; 9.5 por ciento concluyó la primaria. Solo 1.1 por ciento no tenía escolarida­d; 19 por ciento no tenía un trabajo formal; 11.1 por ciento laboraba en servicios personales y vigilancia; 3.2 por ciento eran comerciant­es; 0.5 por ciento eran funcionari­as, directoras o jefas y 1.6 por ciento eran profesioni­stas o técnicas.

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ALFREDO SAN JUAN

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