Su pareja murió por
La golpiza que le propinó; huyó a Veracruz, donde mató a balazos a los niños de 2, 4 y 6 años
Después de un año de espera, la primera sala de la Suprema Corte tiene previsto resolver en las primeras semanas de 2018, el amparo que promovió Rafael Caro Quintero, quien busca no ser extraditado a Estados Unidos.
El capo logró que la Corte no discutiera el proyecto de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien proponía negarle el amparo y que estaba contemplado discutirse en diciembre de 2016; Caro argumentó que el ministro estaba impedido. Ahora, la Corte tiene previsto poner punto final al tema.
Así, como este caso, los ministros que integran la sala abordarán si la Corte debe ejercer su facultad de atracción para conocer la petición del segundo tribunal colegiado en materia penal del séptimo circuito, quien solicitó conocer del amparo que presentó Diego Cruz Alonso, uno de Los Porkys acusado de abusar sexualmente de la menor Dafne N.
La ministra Norma Piña Hernández deberá presentar un proyecto de resolución, en el cual plantee si se ejerce la atracción.
Según las investigaciones de las autoridades veracruzanas, el 2 de enero de 2015, cuatro amigos de familias adineradas de la citada entidad, entre ellos Diego Cruz, obligaron a una menor a subir a un auto donde presuntamente el acusado abusó de ella.
Otro de los temas que tiene programados abordar la Corte es el amparo en revisión que promovió la madre de una menor enferma de leucemia, que pertenece a la etnia rarámuri y profesa la religión Testigos de Jehová, quien impugnó la determinación de DIF de Chihuahua, de asumir la tutela de su hija a fin de tomar decisiones relacionadas con su salud, como el tratamiento a base de una transfusión de sangre.
La madre promovió juicio de amparo contra la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes de Chihuahua, por la discriminación en razón del origen étnico y creencias religiosas de la quejosa, al prohibirle tomar las decisiones en cuanto a la salud de la menor.
La Corte también analizará el amparo que presentó el abogado Ulrich Richter contra la negativa de la Comisión de Autorización Sanitaria de la Cofepris a la solicitud que realizó para el autoconsumo regular de mariguana, con fines meramente lúdicos y recreativos, así como para ejercer los derechos correlativos como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte en cualquier forma, empleo, uso y en general todo acto que estuviese relacionado, excluyendo los relativos al comercio, como la distribución, enajenación y transferencia del enervante.
La autoridad responsable determinó que por el momento no puede expedir la autorización, porque están expresamente prohibidos en los artículos 235, 237, 245, fracción I, 247 y 248 de la Ley General de Salud.
Aquella llamada que Saúl hizo a su hermana era el principio de la tragedia de la familia Pilar Méndez. Todos murieron bajo distintas circunstancias la noche de Navidad.
Cuando Marisol llegó al departamento de la calle Fray Servando Teresa de Mier, en la colonia Tránsito, encontró a su cuñada sentada en un sillón. Alma se quejaba, pedía ayuda médica, estaba sangrando y con múltiples golpes en el cuerpo.
Entonces Saúl trató de explicar que todo era consecuencia de un asalto que su esposa había vivido momentos antes y pidió a su hermana llevarla a la clínica mientras él se quedaba al cuidado de Brenda Paola, Evelyn y Saúl, sus tres hijos de seis, cuatro y dos años de edad.
Con pasos lentos, las dos mujeres llegaron hasta el hospital Edybe, de la colonia Moctezuma, donde diagnosticaron que Alma tenía traumatismo craneoencefálico severo, hematomas en el cuerpo y cara que derivaron en un paro cardiorespiratorio.
Eran las 4:20 horas del 25 de diciembre y los médicos trataron afanosamente de sacar de la crisis a la mujer, pero una hora después, los especialistas avisaron que había fallecido, y por las características de los hechos darían aviso a las autoridades judiciales.
Con esa noticia Marisol regresó a la casa de su hermano para notificarle, pero en esa vivienda ya no había nadie y el teléfono celular de Saúl tampoco lo contestaban. Acorralada, avisó a la familia de su cuñada.
Hasta ese momento, la Policía de Investigación se centró en buscar al padre de familia y sus tres hijos, lo acusaban ya del delito de feminicidio por las características de violencia que presentaba Alma.
Un día después, el 26 de diciembre, las Fiscalía de Homicidios de la Procuraduría General de Justicia capitalina fue informada que a 198 kilómetros de Ciudad de México los cuerpos de tres niños y un hombre de 33 años estaban en un cuarto del Hotel Urcit, en Altotonga, Veracruz.
Mientras Alma recibía atención médica en la clínica privada acompañada de su cuñada, Saúl decidió tomar a sus tres pequeños y huir hacia el municipio de donde era originario y tenía a su familia.
Al conocer que su esposa había fallecido, el hombre tomó la pistola y ejecutó a cada uno de sus hijos, al final él se disparó en la cabeza, pero en un mensaje de voz admitió ser el homicida de su pareja sentimental con la que discutió por “motivos íntimos y personales”.
Los cadáveres de Brenda, Evelyn y Saúl quedaron tendidos la cama y a un lado de ellos su papá con la pistola calibre 22 milímetros y su credencial de elector.
Con el hallazgo, el procurador capitalino, Edmundo Garrido, dio por concluida la investigación de este feminicidio y dijo que de julio del 2011 a noviembre de este año han puesto a disposición a 258 presuntos responsables de este ilícito.
Insistió en que los jueces penales han emitido 89 sentencias condenatorias, además de que de enero a noviembre pasado este delito muestra una tendencia a la baja, pues estadísticas oficiales indican que mientras en 2016 el Ministerio Público inició 43 carpetas de investigación, en este año apenas sumaron 34 indagatorias.