Meade pide a los gobernadores trabajar por seguridad
En seis años la fiscalía ha abierto 9 mil 395 indagatorias por ilícitos como la alteración del registro federal, del listado nominal o de la mica para votar
En los estados de México, Veracruz y Quintana Roo, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la Procuraduría General de la República (PGR) ha iniciado el mayor número de averiguaciones previas y carpetas de investigación relacionadas con delitos en materia electoral.
De acuerdo con información de la PGR, la fiscalía abrió 9 mil 395 averiguaciones y carpetas de 2012 a la fecha, de las cuales se solicitó a jueces federales 986 órdenes de aprehensión (cada orden contempla distintos números de personas), las cuales fueron concedidas.
Aunque el Edomex encabeza la lista con más investigaciones, Veracruz es el estado donde más órdenes de aprehensión se han librado contra presuntos responsables, con 112, seguido por Quintana Roo, con 142, y Chihuahua, con 126.
En respuesta a una petición de información con base en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, el delito más recurrente que persigue la Fepade y por el cual se originan las pesquisas que derivan en peticiones de órdenes de aprehensión es el contemplado en el título vigésimocuarto Delitos Electorales y en Materia de Registro Nacional de Ciudadanos, en el artículo 411 del Código Penal Federal.
El mencionado precepto señala que se impondrá de 70 a 200 días multa y prisión de tres a siete años a quien por cualquier medio altere o participe en la alteración del Registro Federal de Electores, de los listados nominales o en la expedición ilícita de credenciales para votar.
Las averiguaciones previas y carpetas de investigación por delitos previstos en la Ley General en Materia de Delitos Electorales y sus correlativos en el Código Penal Federal se desglosan de la siguiente manera:
De 2012 a la fecha, en Aguascalientes se iniciaron 38; en Baja California, 147; Baja California Sur, 58; Campeche, 36; Chiapas, 331; Chihuahua, 320; Coahuila, 99; Colima, 62; Ciudad de México, 730; Durango, 122; Edomex, 2 mil 490; Guanajuato, 149; Guerrero, 221; Hidalgo, 120; Jalisco, 192, y Michoacán 291. Morelos, 56; Nayarit, 71; Nuevo León, 200; Oaxaca, 130; Puebla, 248; Querétaro, 43; Quintana Roo, mil 10; San Luis Potosí, 49; Sinaloa, 73; Sonora, 651; Tabasco, 74; Tamaulipas, 90; Tlaxcala, 42; Veracruz, mil 52; Yucatán, 139 y Zacatecas, 60. De las 986 órdenes de aprehensión cumplidas, 260 se libraron este año, 194 en 2016, 130 en 2015, 77 en 2014 y 153 en 2013. Los Duarte, entre los casos Algunos casos que llevó a juicio la Fepade son los de los ex gobernadores de Chihuahua y Veracruz, César Duárte Jáquez y Javier Duarte, respectivamente, a quienes acusó de delitos electorales.
La fiscalía actuó contra César Duarte y ex colaboradores de su administración por su presunta responsabilidad en el delito de peculado electoral por aproximadamente 79 millones de pesos.
La denuncia detalla que entre 2010 y 2016 se realizaron retenciones de entre 5 y 10 por ciento de su salario a los servidores públicos de todas las áreas del estado de Chihuahua, que habrían sumado 79 millones de pesos.
Por lo que hace a Javier Duarte, un juez federal libró una orden de aprehensión contra el ex gobernador veracruzano por supuestamente haber negado los recursos económicos para el buen funcionamiento electoral en esa entidad, lo que puso en riesgo los pasados comicios. Combate al delito En noviembre pasado, la PGR realizó un exhorto para conformar una Red Nacional Ciudadana de Observación para Prevenir y Combatir la Comisión de Delitos Electorales y la Violencia Política Contra las Mujeres en los Procesos Electorales 2017-2018.
A través de la Fepade y la Subprocuraduría de Derechos Humanos, la convocatoria se realizó en colaboración con el Instituto Nacional Electoral y la Organización de la Naciones Unidas, a través de la Oficina contra las Drogas y el Delito, y está dirigida a las organizaciones de la sociedad civil.
El objetivo es conformar y establecer una red permanente de observación y vigilancia de los procesos de elección en México a escala federal y local, donde colaboren en conjunto las instituciones convocantes con la sociedad civil organizada e interesada en la prevención de los delitos electorales y la violencia política contra las mujeres.