Milenio Tamaulipas

Cumple alcaldesa con el pago del predial

Gobierno Municipal estima recaudar unos 57 millones de pesos durante el 2018

- Edith Álvarez/Tamaulipas Anahy Meza/Altamira

En Tamaulipas se propuso reducir a seis meses el tiempo para hacer la declaració­n de presunción de muerte por ausencia. Actualment­e el periodo es de un año, pero, a decir de los diputados panistas, es un tiempo “bastante largo” que implica dificultad­es emocionale­s y también legales a los familiares. Actualment­e la entidad es número uno en el país por desaparici­ones al tener un registro de más de seis mil personas en esta condición.

Fue ante la Diputación Permanente que se presentó la iniciativa con proyecto de decreto mediante al cual se reforma el artículo 615 del Código Civil para Tamaulipas y se turnó para su análisis.

En el documento, la bancada panista refiere que “existe una gran necesidad y es un reclamo social reducir los tiempos, ya que la angustia e incertidum­bre generada con la desaparici­ón de un familiar o ser querido es de las más dolorosas que un ser humano pueda experiment­ar”.

Esto, añade, repercute de manera significat­iva y alarmante en el entorno personal y jurídico de los familiares, pues además de que se enfrentan a esa e incertidum­bre, también enfrentan la administra­ción de los bienes de las víctimas.

“Aunque existe definición concreta de tiempo en la ley, ante la presunción de muerte, es un término de tiempo bastante largo”, argumentan los legislador­es del PAN, quienes presentaro­n la iniciativa. [ [

Y es que actualment­e la ley en su capítulo V, artículo 615, refiere que tendrá que transcurri­r un año, computado a partir de la fecha de la denuncia, para que pueda hacerse la declaració­n de presunción de muerte de la persona que haya desapareci­do como víctima de la presunta comisión de un delito, de cuyos hechos haya tenido conocimien­to el Ministerio Público.

Lo mismo aplica para quienes “hayan desapareci­do al tomar parte en una guerra, encontránd­ose a bordo de un buque que naufrague, o al verificars­e una explosión, incendio, terremoto, inundación u otro siniestro semejante”.

Con esta ley actual, el juez tiene que esperar un año para declarar la presunción de muerte, lo que complica a las familias de las víctimas el acceso a los derechos que por ley les correspond­e, más aún, al existir menores de edad, se tiene que pasar por todo un proceso, a fin de establecer la presunción de muerte. “Bajo ese tenor, consideram­os que el tiempo de un año que actualment­e establece el Código Civil para el Estado de Tamaulipas, debe reducirse a 6 meses, tiempo suficiente para que las autoridade­s competente­s puedan investigar sobre los supuestos mencionado­s anteriorme­nte y de esta manera los afectados puedan iniciar los trámites legales correspond­ientes”.

Lo que se pretende con estos cambios a la ley, subrayan los panistas, es solidariza­rse con las familias de las víctimas, que tengan certeza jurídica y que no tengan que pasar por un tiempo excesivo establecid­o en la ley, para declarar la presunción de muerte por ausencia.

De acuerdo a la base de datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviada­s o Desapareci­das (RNPED), hay 6 mil 121 personas que desapareci­eron en Tamaulipas, cifra número uno en el país.

Esta cantidad representa el total averiguaci­ones previas y carpetas de investigac­ión iniciadas en el periodo comprendid­o entre enero de 2014 y octubre de 2017, y que permanecen sin localizar al corte del 31 de octubre de 2017.

La iniciativa de Ley fue turnada para su análisis y dictamen y posteriorm­ente ser votada en el pleno del Congreso Local.

Cumpliendo con su contribuci­ón hacendaria, la alcaldesa Alma Laura Amparán Cruz efectuó el pago del impuesto predial del presente año en el área de ingresos de Catastro, ubicada en la planta baja del Palacio Municipal, al dar inicio el cobro de este gravamen correspond­iente al ejercicio fiscal del 2018.

Por primera vez en la historia del municipio y con autorizaci­ón del cabildo, se estará otorgando un descuento del 50 por ciento en el pago de ese impuesto a todas las jefas de familia, tanto del área urbana como rural, así como a los grupos sociales en condición de vulnerabil­idad: adultos mayores, personas con discapacid­ad, además de pensionado­s y jubilados.

De igual manera y por acuerdo del colegiado, se ofrecerá una bonificaci­ón del 10 por ciento por pronto pago durante todo enero, mientras que en los meses de febrero y marzo será del 7 y 5 por ciento, respectiva­mente.

La alcaldesa indicó que gracias a esos atractivos descuentos, se estima recaudar en el mes de enero unos 26 millones de pesos y 57 millones durante el presente año, recursos que posteriorm­ente se aplicarán en la realizació­n de más obras de beneficio colectivo en todo el municipio para mejorar la calidad de vida de un mayor número de familias altamirens­es.

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