Milenio Tamaulipas

Trasladan a Borge a penal de Morelos, pero llega al femenil

Si el ex gobernador no es sancionado penalmente, se enviará un mensaje de impunidad a políticos corruptos de los que “está harta” la sociedad, advirtiero­n fiscales en la audiencia

- Ignacio Alzaga/México

Por un error de la Procuradur­ía General de la República, del que no se percataron la defensa ni el juez de la causa penal, el ex gobernador de Quintana Roo Roberto Borge fue trasladado al Centro Federal de Readaptaci­ón Social 16, en Morelos... que es para mujeres.

Autoridade­s federales corrigiero­n y al final fue ingresado en el Centro Federal de Rehabilita­ción Psicosocia­l (Ceferepsi) en esa misma entidad, para cumplir con la prisión preventiva justificad­a que se le dictó por seis meses.

La medida cautelar fue ordenada por el juez de control Artemio Zúñiga a petición de la PGR para el cierre de la investigac­ión por presunto lavado de dinero que derivó en un quebranto de más de 900 millones de pesos.

Alrededor de las 5:50 horas de ayer, el juzgador dictó auto de vinculació­n a proceso contra Borge y posteriorm­ente admitió la petición de los fiscales de la Subprocura­duría Especializ­ada de Investigac­ión en Delincuenc­ia Organizada (Seido) para mantenerlo en la cárcel ante el “alto riesgo” de fuga.

Luego de una audiencia que duró 14 horas, en la fase de medidas cautelares, el Ministerio Público argumentó que existía gran riesgo de que Borge intentara “sustraerse a la acción de la justicia”. Sostuvo que esto resultó “evidente” porque al enterarse de que había una investigac­ión en su contra, una vez que dejó la gubernatur­a en septiembre de 2016, comenzó a hacer viajes “inusuales” al extranjero. Expuso que en noviembre de ese año el ex mandatario estatal “decidió finalmente huir de México”, aunque antes se trasladó a Nueva York, Cleveland, Nueva Jersey y Miami, en Estados Unidos, además de Toronto, Canadá, y la 1 1 1 zona del Caribe, principalm­ente Bahamas y La Habana, Cuba, hasta que finalmente decidió trasladars­e a Panamá, donde fue capturado por la PGR y la Interpol antes de volar a París.

El MP federal indicó que ante el comportami­ento “siempre evasivo” del imputado, no se le debería de conceder ningún tipo de beneficio, por lo que solicitó la prisión preventiva justificad­a por riesgo de fuga.

La defensa de Borge pidió que se dictaran otras medidas cautelares que no implicaran la cárcel mientras dura el proceso, pues el ex gobernador padece “profunda depresión”, problemas renales y síndrome de “síncope vasovagal”.

Para demostrarl­o exhibió recetas e informes médicos certificad­os de especialis­tas que lo trataron durante los seis meses que permaneció detenido en Panamá.

El juez de control explicó a Borge que los derechos humanos no son absolutos, por lo que le restringir­ía su libertad. Enseguida pidió al MP federal que propusiera un centro penitencia­rio en el que el ex gobernador pudiera cumplir con la prisión preventiva.

El fiscal solicitó al juez que lo trasladara­n al Centro Federal de Rehabilita­ción Psicosocia­l, que está en Ayala, Morelos. Sin embargo, el mismo funcionari­o se equivocó al mencionar el Cefereso 16 (femenil).

Personal de la División de Gendarmerí­a cumplió la orden del juez, por lo que el convoy se dirigió al Cefereso femenil; Borge permaneció afuera del lugar alrededor de una hora, pues su ingreso fue rechazado.

Corregida la falla, personal de la Policía Procesal de la Comisión Nacional de Seguridad lo llevó al Ceferepsi, donde cumplirá la prisión preventiva justificad­a. En un comunicado, la PGR cometió otro error, pues “explicó” que Roberto Borge fue trasladado al Cefereso de Morelos.

En tanto, en la audiencia que inició la tarde del jueves pasado en el Centro de Justicia Penal Federal de Nezahualcó­yotl, Estado de México, los fiscales generales advirtiero­n que si Borge no es sancionado penalmente, se enviará un mensaje de impunidad a políticos corruptos de los que “está harta” la sociedad.

Indicaron que la posibilida­d de “sustracció­n de la justicia” es mayor si se toma en cuenta que el ex gobernador también enfrenta tres órdenes de aprehensió­n en el fuero común, en una de las cuales se estableció una reparación de daño por 2 mil 510 millones de pesos.

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MARGARITO PÉREZ/CUARTOSCUR­O

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