Puebla y la violencia
Mucho se escribió y se dijo respecto a que 2017 había sido el año más violento de todos los años en que se lleva registro de estos datos; sin embargo, aún no se ha dimensionado plenamente el significado y las consecuencias de esta circunstancia. El tema es nacional, pero existen regiones y estados donde este escenario ha adquirido mayores y alarmantes proporciones, como es el caso de Puebla, que, como lo han analizado diversos estudios y notas periodísticas, padeció durante el año pasado y los primeros días de éste un exponencial incremento en materia de violencia e inseguridad.
No es necesario hacer inventario de todas las estadísticas que acreditan la lamentable situación que vive
Puebla. Las cifras y datos están disponibles en las páginas electrónicas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en el Laboratorio de Derechos Sexuales y Reproductivos y en investigaciones periodísticas de diversos medios de comunicación.
En Puebla destaca el crecimiento de los homicidios y de los feminicidios, en particular en el aumento de los asaltos con violencia, especialmente el robo a combustible, trenes y vehículos.
El fenómeno de la violencia ha aumentado, entre otras cosas, por dos factores que expresan una grave falla institucional: la corrupción de los gobiernos y la incapacidad y negligencia de los responsables de la seguridad pública. Este fenómeno en Puebla adquiere niveles de escándalo. La existencia de bandas de huachicoleros y de asaltatrenes no se explica sin la complicidad de las autoridades municipales, de los empleados de Pemex y de otros personajes ligados a las empresas perjudicadas. El feminicidio, ese abominable delito, permanece en la impunidad por la negligencia de las autoridades, una negligencia que lo mismo es complicidad que cinismo.
¿Cómo detener esta escalada de violencia y de inseguridad en Puebla y en todo el país? La respuesta ya la conocemos: que jueces justos, servidores públicos y policías honestos apliquen la ley, que pongan en práctica todo lo que se ha dicho que se haría desde hace una década y que permanece pendiente. En primer lugar los titulares de los órganos policiales deben ser personas de honestidad probada e independientes de la dañina influencia del gobierno estatal. Segundo, aplicar los recursos destinados a la seguridad pública de manera transparente y eficiente. En tercer lugar, una real coordinación con las autoridades federales.
Lamentablemente en Puebla la seguridad no mejorará en estos meses. Con el objetivo de conservar el poder, el gobierno estatal trata por todos los medios de transmitir un escenario de tranquilidad o de que el gobierno atiende el problema, pero será solamente la fachada, una simple simulación. La realidad que se vive en Puebla todos la conocemos. Solo existirá una solución real si llega al gobierno estatal un nuevo proyecto y una nueva visión de cómo enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia; así como todos los aspectos del quehacer público.
Solo existirá una solución real a la entidad si llegan al gobierno estatal un nuevo proyecto y una nueva visión contra la inseguridad
Senador de la República