Acepta Tamaulipas la recomendación de CNDH
Los hechos ocurrieron en 2014, durante la administración municipal de Leticia Salazar, quien creó el grupo de seguridad Hércules
ElGobiernodeTamaulipas,aceptó la recomendación 77/2017 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por violaciones y omisiones cometidas por servidores públicos federales, estatales y de Matamoros en el 2014, por la detención arbitraria, desaparición forzada y ejecución de 4 personas: 3 estadounidenses y un mexicano.
Tras aceptar la recomendación, de forma inmediata aplicaron acciones encaminadas a cumplimentar cada los puntos que el organismo instruyó en relación a los hechos ocurridos el 13 de octubre de 2014 en el poblado El Control en Matamoros.
Lo primero fue designar un enlace del Gobierno del Estado con la CNDH para dar seguimiento al cumplimiento de la recomendación.
Se giró oficio a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para que imparta a elementos comisionados en Matamoros el curso en materia de Derechos Humanos con énfasis en las disposiciones de la Ley General en materia de Desaparición Forzada, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y se envíe la constancia a la CNDH.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, solicitó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codhet), imparta el curso referido a la brevedad posible, además de que se le envió al coordinador general de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública, copia de la recomendación para que se anexe en el expediente de los servidores públicos involucrados.
También se instruyó a la Comi- sión Estatal de Atención a Víctimas, realice las gestiones necesarias para la identificación e inscripción de las víctimas indirectas en el Registro Nacional de Víctimas y puedan acceder al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
Al comprobar que la víctimas no estaban inscritas en el Registro Estatal de Víctimas, la Comisión giró oficios a la CNDH y a la Fiscalía Especializada en Personas No Localizadas y/o Privadas de su Libertad en el Estado, a fin de que proporcionen los datos de contacto que tengan.
La desaparición de estas personas ocurrió en la administración de Leticia Salazar y la familia de las víctimas acusó de los hechos al Grupo Hércules, formado por la panista.