Atrae la Fepade el caso de César Duarte
Por primera vez el Instituto Nacional Electoral (INE) logró acreditar el llamado turismo electoral, por lo que determinó sancionar al PRI por este delito con una multa de 323 mil 700 pesos.
Luego de cuatro años de investigación, el Consejo General resolvió esta queja interpuesta por el PAN en 2013 durante la elección local de Quintana Roo, con la que se logró demostrar el cambio de domicilio a dicha entidad con fines electorales.
Por unanimidad, los consejeros establecieron que el PRI alentó este cambio irregular en el domicilio de 467 ciudadanos desde el estado de Yucatán, además de que sancionaron a quienes participaron como instigadores de esta práctica y amonestaron a los que la efectuaron.
La consejera Adriana Favela destacó que en este caso, además de ir contra quienes realizaron este cambio fraudulento, se sancionará con una sanción económica a quienes ofrecieron algún tipo de dádiva para cambiar su domicilio de Yucatán a Quintana Roo.
En tanto, el consejero Benito Nacif destacó lo inédito de esta sanción y que por primera vez la autoridad electoral pudo acreditar fehacientemente la comisión de este delito.
“Este es un caso que tiene su relevancia porque es la primera vez que, en la instrucción de una queja por la falta correspondiente al entregar información falsa al Registro Federal de Electores con el propósito de alterar algo que típicamente conocemos como turismo electoral, se propone sancionar”, enfatizó.
Pese a ello, algunos de los consejeros expresaron sus preocupaciones por la forma en que se acreditaron los hechos, pues se basó centralmente en los testimonios de personas que confirmaron esta práctica y que ya habían mentido a la autoridad electoral.
No obstante el consejero presidente, Lorenzo Córdova, aprovechó la oportunidad para defender la confiabilidad del padrón electoral en momentos en que se ha cuestionado por el fraude en la entrega de firmas de apoyo a aspirantes a candidatos independientes.
Mientras que el representante del PAN, Eduardo Aguilar celebró que aunque fuera cuatro años después, la denuncia promovida por senadores del PAN haya derivado en una sanción a esta práctica del PRI; sin embargo, lamentó que la multa fuera tan baja al considerar que en nada contribuye a inhibir estas prácticas. En otro asunto, el INE avaló el cambio de nombre de la coalición PRI, PVEM y Nueva Alianza que a partir de ahora será conocida como “Todos por México”.
Sin mayor discusión el Consejo General determinó la procedencia de esta nueva denominación luego de que se le impidiera a estos tres partidos utilizar el nombre de “Meade Ciudadano” para los diferentes cargos en los que sumaran fuerzas.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) atrajo las investigaciones del fuero común sobre el presunto desvío de recursos del gobierno de Chihuahua en favor del PRI, durante la administración de César Duarte.
En conferencia de prensa, el titular de la Fepade, Héctor Díaz Santana, aseguró que esta decisión se tomó a partir de dos denuncias interpuestas por los partidos Acción Nacional y Morena.
Además señaló que se presume la presencia de recursos federales y estatales entre el dinero que fue desviado en favor de un partido a escala nacional y corresponderá a este ámbito la fiscalización de dichos recursos.
“A partir de ahora la Fepade está en espera de que la Fiscalía de Chihuahua, en el marco de la ley, remita las investigaciones en curso para esclarecer los hechos y establecer respon- sabilidades en materia penal electoral”, dijo el fiscal.
Al preguntarle si citará próximamente al entonces dirigente del partido, Manlio Fabio Beltrones, Díaz Santana aseguró que la fiscalía va llamar a comparecer a las personas que posiblemente estén implicadas en el asunto.
Sin dar mayores detalles sobre la investigación que ya realizan y que se suman a otras más que hay contra el ex gobernador de Chihuahua, el fiscal aseguró que se realizarán las investigaciones que sean necesarias.
Asimismo, aseguró que la investigación busca sentar un precedente que garantice que los recursos públicos no sean utilizados con fines electorales, en especial de cara a los comicios que habrá este año en todo el país. “No queremos ni omisiones ni encubrimientos pero sí sería un precedente para que durante el proceso electoral partidos políticos y candidatos se conduzcan estrictamente con apego a la ley”, expresó el titular de la Fepade.