El muy discrecional convenio de la discordia entre Chihuahua y Hacienda

L os abogados que acompañaron a la Caravana por la Dignidad pidieron hace unos días, vía Ley de Transparencia, todos los convenios de 2017 entre la Secretaría de Hacienda y los estados por el Ramo 23, provisiones salariales y económicas. Fueron este tipo de convenios que Hacienda no cumplió y que desataron la ira de Javier Corral.

Son convenios para el “fortalecimiento financiero de los estados”. Suman alrededor de 55 mil millones de pesos, aunque la Cámara de Diputados solo había aprobado para este ramo 3 mil 200 millones de pesos.

Llama la atención cómo ese dinero se entrega, pues… para lo que sea. Y los cientos de convenios son un machote. Sí. Igualitos.

Reproduzco fragmentos del de 700 millones de Chihuahua, pero todos son iguales.

“Cláusulas:

“Primera. Objeto. El presente Convenio tiene por objeto establecer la forma y términos para a transferencia, aplicación, destino, seguimiento, control, rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio de los recursos federales que entrega la secretaría a la entidad federativa con cargo al Fondo para el Fortalecimiento Financiero previsto en el anexo 20 del ramo general 23 provisiones salariales y económicas con la finalidad de apoyar a la entidad federativa y en su caso a sus municipios en su fortalecimiento financiero”.

¿Qué es exactamente fortalecimiento financiero? Quién sabe, porque en otra cláusula se dice que pueden utilizarse, por ejemplo, para infraestructura.Eso sí, el convenio obliga a que por “su carácter federal” deben ser “ejercidos en tiempos y forma”. ¿Qué tiempo, cuál forma? No lo dice.

Eso sí, la única responsabilidad es del estado: “La entidad federativa asume, plenamente por sí misma, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo, relacionadas con las acciones destinadas al fortalecimiento financiero, así como en todo lo relativo a los procesos que comprendan la justificación, ejecución, control, supervisión, comprobación, integración de libros blancos, rendición de cuentas y transparencia, según corresponda, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones jurídicas aplicables, así como a lo previsto en el presente convenio”.

Así la repartición de recursos a los estados. Será por eso por lo que tantos gobernadores callaron ante la protesta de Corral, y Corral ya aceptó que no los impugnará ante la SCJN. M