Maestros sin vocación o
Sin preparación técnica pueden tener efectos desastrosos, sobre todo para los alumnos
omo es fácil de probar, la reforma educativa que se puso en práctica en esta administración no consiste en una sola acción, sino en numerosos cambios, algunos fundamentales, como la creación del Servicio Profesional Docente, el establecimiento del INEE, el programa Escuela al Centro, la política de formación continua de docentes, el Nuevo Modelo Educativo, etc., cambios que incluyen decenas de programas y centenares de acciones de diverso tipo.
Desde este punto de vista, derogar la reforma educativa, como se sostiene, es un sinsentido. La reforma educativa ya se hizo, materializó en normas e iniciativas prácticas que transformaron el saber y el hacer de escuelas, maestros y alumnos. Se trata de cambios que han cristalizado a lo largo de cinco años y que son, por tanto, una realidad. Desde este punto de vista, se puede decir sin mentir que la reforma educativa es irreversible.
Lo que ocurre, en realidad, es que en el debate público se confunde erróneamente reforma educativa con Servicio Profesional Docente, es decir, el sistema que regula la profesión docente y que establece que debe haber evaluaciones para el ingreso, la promoción, el reconocimiento, el acceso a estímulos y la permanencia en el trabajo docente. Aquí cabe preguntarse, ¿se trata de eliminar el SPD en su totalidad o hay solo aspectos particulares dentro de él que deben ser borrados de las normas?
Echar abajo el SPD en su conjunto sería un error catastrófico y con múltiples consecuencias negativas para los maestros. No olvidemos que el SPD se concibió como un mecanismo para combatir la deshonestidad, los abusos y la arbitrariedad que existían en el manejo de plazas, en las promociones y en la asignación de estímulos económicos. Las plazas se asignaban, no en función de reglas claras e imparciales, sino a partir de la voluntad arbitraria de líderes sindicales y burócratas locales (como se recuerda, éstas se vendían, se compraban, se heredaban, se rentaban, etc.). En las promociones influían de manera determinante las palancas y pocas veces se respetaban los merecimientos. El sistema Carrera Magisterial que asignaba estímulos económicos se corrompió de forma que líderes sindicales y protegidos de ellos recibían a través de él beneficios desmesurados sin correspondencia con sus méritos.
En suma: el SPD se creó para acabar con la corrupción que imperaba en esta esfera de la educación, para combatir privilegios y para asegurar que los movimientos se hicieran de acuerdo con el mérito profesional de cada docente. Es obvio que el orden anterior era fuente de injusticias que dañaban principalmente a los maestros, sobre todo a los más vulnerables, a aquellos que carecían de contactos o palancas en el sindicato o en las secretarías.
Quien lee la ley del SPD advierte rápidamente que su espíritu es, sobre todo, el de impulsar el desarrollo profesional del docente. De ahí la relevancia que se le otorga a la formación. Pero el tema más polémico del SPD es la evaluación con consecuencias sobre la permanencia, pues propone que un profesor que después de tres evaluaciones consecutivas no demuestra tener las competencias mínimas para el ejercicio de la profesión debe ser retirado de la docencia o, en ciertos casos, destituido de su trabajo.
Evidentemente, la evaluación para la permanencia tiene su razón de ser: se quiere impedir que un docente que manifiestamente no tiene vocación o preparación técnica mínima esté frente a grupo. Se asume, razonablemente, que su estancia en la docencia puede tener efectos desastrosos, sobre todo para los alumnos.
Hay que decir que el trabajo del profesor siempre es evaluado y cuando incumple sistemáticamente se le retira de su puesto. Aquí se crea un dispositivo especial para evaluarlo. ¿O no debe haber evaluación para la permanencia? En ese caso tendríamos que aceptar que las plazas de docente fueran una suerte de posesión vitalicia de las personas sin relación alguna con sus conocimientos, preparación o ética profesional, una suerte de blasón o título concedido por el Estado para el disfrute personal de quien la detenta per omnia saecula saeculorum y que sería, por añadidura (¿por qué no?) heredable de padres a hijos.