Por corrupción, anulan concurso para... jueces
El Consejo de la Judicatura Federal hizo público este hecho “para dejar constancia de que no será omiso ante conductas ilegales”
Alberto Elías Beltrán, titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales y en suplencia del procurador general de la República, aseguró que se han presentado seis solicitudes formales de extradición ante el gobierno estadunidense contra el ex mandatario de Chihuahua César Duarte.
Esto luego de que un agente de los Marshals de Estados Unidos asegurara que nadie les ha pedido que arresten al ex gobernador priista de Chihuahua. “Tengo entendido que se dice que no se han hecho las solicitudes correspondientes, pero sería importante que las fuentes conducieran a las autoridades centrales, porque ya se han presentado seis ante las contrapartes norteamericanas”, dijo.
En entrevista, tras su participación en el recibimiento del documento que acredita al Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) como entidad de certificación y evaluación de competencias laborales, por parte del Concejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencia Laborables (Conocer), Elías Beltrán comentó que las autoridades centrales reciben las órdenes o solicitudes formales de extradición. “Primeramente es el Departamento de Estado que lo evalúa conforme al tratado bilateral que se tiene en esta materia para que se cumpla, posteriormente lo pasan ante el Departamento de Justicia, ellos hacen una segunda revisión y posteriormente se hace la solicitud de detención”.
Al ser cuestionado respecto a si las seis órdenes de captura son específicamente en Estados Unidos, refirió: “No podemos decir en qué país”.
Sin embargo, expuso, es el trámite que se hace en cualquier nación, “primero llegan a las cancillerías, posteriormente a las áreas de justicia, en México es igual, llega a la cancillería, luego a la procuraduría y con nuestras homólogas es como se establece el procedimiento conforme a los tratados y a las leyes internacionales”.
El Consejo de la Judicatura Federal anuló el concurso para designación de jueces de distrito, al que se inscribieron 2 mil 602 concursantes, porque descubrió que se robaron parte de los exámenes y presuntamente fueron vendidos.
El órgano encargado de la vigilancia y disciplina de los jueces y magistrados federales advirtió que “actuará con toda contundencia y llegará hasta las últimas consecuencias”.
Por lo anterior, el pleno del Consejo de la Judicatura Federal invalidó el Concurso interno de oposición para la designación de jueces de distrito.
En un informe entregado por el director del Instituto de la Judicatura Federal se dio cuenta de la obtención ilegal de algunos de los reactivos aplicados.
El informe fue presentado la semana pasada ante el consejo. Este miércoles, en sesión privada, el pleno canceló el concurso.
De acuerdo con algunos funcionarios judiciales, los reactivos —hojas de algunos exámenes— fueron sustraídos durante la primera etapa escrita del concurso; el descubrimiento se realizó al término de la segunda fase, cuando los sustentantes realizaron un estudio del caso que se le pide analizar.
Dado que lo anterior comprometió la transparencia y confiabilidad del mencionado concurso, el consejo inició una investigación cuyos resultados preliminares le llevaron a tomar dicha determinación.
“Derivado del mencionado informe, puede haber indicios de un lucro con los reactivos sustraídos ilegalmente”, enfatizó el organismo.
El Consejo de la Judicatura Federal hizo público este hecho “por estar comprometido con la transparencia y para dejar constancia de que no será omiso ante posibles conductas ilegales”.
El 12 de octubre de 2017, en el Diario Oficial de la Federación se publicó la convocatoria para el vigésimo octavo Concurso interno de oposición para la designación de jueces de distrito.
El 9 de enero del presente año comenzaron los exámenes; participaron actuarios, secretarios de juzgado, secretarios de tribunales de circuito o secretarios de estudio y cuenta de las salas regionales del Tribunal Electoral y secretarios o subsecretarios de acuerdos de sala.
El concurso tuvo verificativo en Ciudad de México con el propósito de cubrir 50 plazas.
Los parámetros de evaluación y calificación final para resultar vencedor del concurso que se establecieron son los siguientes:
Hasta 45 puntos la calificación obtenida en el caso práctico; hasta 45 puntos en el examen oral, y hasta 10 puntos los factores de evaluación judicial.
Para resultar vencedor en el concurso, los participantes debían obtener cuando menos 80 por ciento en cada una de las puntuaciones señaladas.
Los participantes disponían de hasta seis horas para responder el cuestionario correspondiente.