“Estado fracasa en ofrecer seguridad”
No se han tomado las mejores decisiones para enfrentar y prevenir la violencia, dice
El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, afirmó que el Estado “ha fracasado en su función básica de brindar justicia y seguridad a la población, y una prueba irrefutable es el aumento en los índices de criminalidad.
Destacó que en una década, las acciones emprendidas y los cuantiosos recursos destinados para atender el problema no han encontrado la solución, lo que implica una violación a los derechos y la posibilidad de que esas afectaciones se presenten.
Durante la inauguración de la segunda “Conferencia internacional sobre seguridad y justicia en democracia: hacia una política de Estado centrada en los derechos humanos”, señaló que los recursos que desde 1996 se han destinado al ámbito de seguridad superan el millón de millones de pesos, mientras que los resultados no son aceptables. “Esto es un indicador claro de que la situación de inseguridad pública que hoy vivimos no es consecuencia de una baja asignación presupuestaria, sino de que no hemos tomado las mejores decisiones en la manera de hacer frente y prevenir que el delito y la violencia crezcan”, explicó.
González Pérez pidió a las autoridades que la ley deje de “ser objeto de negociación para cumplirse. Debe aplicarse en sus términos y no discrecionalmente... que la corrupción se reprueba, se persiga y se castigue, dejando de ser una práctica redituable para quien la lleve a cabo. La corrupción no es una cultura, es una costumbre que debemos cambiar y erradicar de México”
También dijo que recurrir a las fuerzas armadas, en apoyo a tareas de seguridad, ha ocasionado el abandono de las policías, lo que ha provocdo que el postulado constitucional de seguridad pública esté lejos de ser una realidad, ya que mientras los operativos de la Sedena crecieron 400 por ciento de 2007 a 2014 —y el número de militares desplegados aumentó 70 por ciento de 2007 a 2013—, la formación profesional, real y verificable de las policías civiles, así como la dotación de recursos y generación de capacidades, no presentaron las mismas tasas de crecimiento o desarrollo. “Nuestro país no podrá contar con una institucionalidad fuerte y con la legitimidad social que se requiere si cada seis años reinventamos la administración pública y sus mandos se designan bajo criterios políticos o de conveniencia personal, ajenos a parámetros de profesionalismo y eficacia en el servicio”, consideró.
En el acto, el rector de la UNAM, Enrique Graue, destacó que no puede haber seguridad si persiste la impunidad.