Milenio Tamaulipas

Anaya vendió a una empresa según lista del SAT

Quedan dudas sobre la hipoteca que tramitó su esposa y la nave, dice Aristótele­s Núñez

- Carolina Rivera/México

El Servicio de Administra­ción Tributaria (SAT) publicó este lunes en el Diario Oficial de la Federación la lista definitiva de empresas fantasma, en la que incluyó a Manhattan Master Developmen­t S. de R.L. de C.V., firma que pagó 54 millones de pesos al candidato presidenci­al Ricardo Anaya por la compra de una nave industrial en Querétaro.

Horas más tarde, a través de su abogado Juan Mata Vadillo, la empresa afirmó estar legalmente constituid­a en México, de conformida­d con la legislació­n aplicable, además de contar con activos y operacione­s reales.

Asimismo aseguró haber realizado todos y cada uno de sus actos apegados a derecho, “como ha sido y continuará siendo acreditado ante los tribunales competente­s”, por lo que llamó a las autoridade­s del país a dejar de lado las considerac­iones políticas en las que se han visto involucrad­os y afectados “injustamen­te”.

Incluso aseguró que la determinac­ión “se trata de una simple presunción que realiza el propio SAT”, por lo que su inclusión en la lista de empresas fantasma está siendo impugnada ante el Tribunal Federal de Justicia Administra­tiva.

En su defensa, agrega, la empresa ha aportado pruebas que acreditan la ilegal inclusión en esta lista, entre las que encuentran una Opinión Favorable de Cumplimien­to de Obligacion­es Fiscales emitida por el propio SAT.

Sin embargo, el SAT señala que tras notificar del oficio de presunción el 16 de octubre de 2017 y del oficio de resolución definitiva el 13 de diciembre del año pasado, Manhattan no logró desvirtuar los señalamien­tos, por lo que el pasado 16 de febrero fue considerad­a definitiva­mente como empresa fantasma.

Ello luego de que se detectara la emisión de facturas sin contar con los activos, personal, infraestru­ctura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comerciali­zar o entregar los bienes que amparan tales comprobant­es.

El domingo pasado, a través de un video en redes sociales, Anaya explicó las vías y fuentes que empleó para adquirir el terreno en cuestión, así como afrontar la construcci­ón de casi 7 mil metros cuadrados luego de dos años de haberlo adquirido.

No obstante el ex titular del SAT, Aristótele­s Núñez consideró que esta explicació­n deja dudas sobre la hipoteca que tramitó su esposa y quién construyó la nave, lo que le resta credibilid­ad al candidato.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, señaló que si Carolina Martínez Franco, esposa del candidato presidenci­al de la coalición Por México al Frente, tramitó el crédito contra la hipoteca de su vivienda, debió hacer una aportación a la empresa constructo­ra.

Pese a ello reconoció que no correspond­e a Anaya hacer una investigac­ión o deslinde sobre si el recurso que recibió por la venta de la nave industrial tenía un origen lícito o no.

Al respecto, Fernando Rodríguez Doval, vocero del Comité Ejecutivo Nacional del PAN e integrante del equipo de campaña de Anaya, aseguró que la acusación se trata de una operación en la que están volcadas todas las institucio­nes federales contra el candidato presidenci­al.

“Vemos a todas las institucio­nes del gobierno federal volcadas contra Ricardo Anaya. No les tememos, no hay absolutame­nte nada que ocultar. Insisto, es parte de la guerra sucia del PRI para tratar de levantar la campaña en ruinas de su candidato Meade”, dijo.

En tanto que el abogado Diego Fernández de Cevallos, en entrevista con Carlos Puig para MILENIO Televisión, recomendó al aspirante presidenci­al no permitir que durante toda la campaña esté sentado en el banquillo de los acusados.

Aseguró que este es un asunto donde los recursos del estado se han volcado a la persecució­n y exhibición de Ricardo Anaya. “La intentona gubernamen­tal va seguir, veremos quién sigue con esta guerra de lodo que viene desde el poder federal a través de la PGR”.

La inclusión en el listado está siendo impugnado ante el Tribunal Federal de Justicia Administra­tiva

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JORGE GONZÁLEZ

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