30 de marzo es la fecha límite para regular publicidad gubernamental
El Congreso de la Unión tiene hasta el 30 de marzo (1 de abril comienzan campañas) para establecer una Ley Reglamentaria que regule lo que establece el artículo 134 Constitucional en materia de uso de propaganda gubernamental, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera las denuncias de la “Asociación Civil Artículo 19”, donde tachan a los legisladores de caer en omisión en el cumplimiento de sus funciones.
El Vocal Ejecutivo de la Junta Local en Tamaulipas del Instituto Nacional Electoral (INE), Eduardo Manuel Trujillo Trujillo, explicó que la controversia constitucional interpuesta por las agrupaciones ciudadanas “Artículo 19” y “Transparencia Mexicana”, argumentaron que desde el 2008 se pidió regular esta situación, lo cual no se ha hecho, pero ahora es algo que tienen que acatar ante el resolutivo de la SCJN. “Ellos consideran que se ha incurrido en una omisión legislativa y por ende están siendo omisos en el cumplimiento de sus funciones para el cual fueron electos los diputados y los senadores. Entonces ya se emitió una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y les está dando un plazo antes del 30 de abril (día en que terminan las sesiones), sin embargo es necesario que se encuentre lista para el 30 de marzo (inicio de campañas) para que realicen una ley reglamentaria en el artículo 134 y ese sería el marco mediante el cual se manejaría este proceso”, indicó.
En su momento, dijo que el INE elaboró lineamientos que buscaban cancha pareja y que tenían la finalidad de regular lo que señala el artículo 134 constitucional, en materia del uso de recursos públicos para la promoción de la imagen de servidores, pero ésta fue desechada, es por eso que hoy en día le corresponde a los diputados y senadores regular esa situación. “Esto sería para la cuestión del uso de propaganda gubernamental, hablando de los tres niveles de gobierno, eso no evita que desde ahorita nosotros estemos cuidando esas acciones y el uso de cualquier financiamiento en la promoción de su imagen y que pueda ser considerado un acto anticipado de campaña”, expuso.
En dado caso de no darse ese mandato, señaló que los legisladores estarían incurriendo en un ilícito que es el cumplimiento de sus funciones y estarían sujetos a hacer destituidos por desacato a la autoridad judicial. “Dar una solución, es algo que está exigiendo ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación a nuestros Diputados y Senadores y en caso de no hacerse estarían cayendo en un juicio político y sería un problema para el estado mexicano, porque desaparecería el Congreso de la Unión de un día para otro, es una situación grave y por ello tienen que cumplir”.