En los últimos ocho
Años, personal que levanta información ha denunciado 139 ataques; Iztapalapa, Ecatepec, Chimalhuacán y Neza, los más peligrosos
iudad de México es la zona del país donde los encuestadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) han sufrido más incidentes delictivos durante el desempeño de sus labores desde 2010, según cifras del organismo proporcionadas a MILENIO.
En los últimos ocho años, el personal operativo del instituto que trabaja en la calle entrevistando a habitantes casa por casa para obtener información para los censos, encuestas y otras tareas del Inegi han denunciado 139 casos en los que han sido víctimas de la delincuencia.
De esos 139 casos, 31 fueron cometidos en CdMx, que representan 22.3 por ciento, mientras que 24 (17.2 por ciento) ocurrió en el Edomex. Las cifras señalan que en Jalisco se cometieron siete delitos (5 por ciento).
Las agresiones contra el personal encuestador son robo con amenazas, de los cuales se han cometido 94; robo simple, 28; robo y lesiones, 10; robo con violencia, cuatro; daño, dos y desaparición forzada o privación de la libertad solo hay un caso, según las estadísticas.
El caso de desaparición forzada o privación de la libertad contra un hombre se denunció ante las procuradurías local y federal el 12 de marzo de 2013, en San Fernando, Nuevo León, donde realizaba actividades relacionadas con proyectos geográficos del Inegi.
En Ciudad de México los delitos que más frecuentemente se han cometido contra los empleados del Inegi son robo y amenazas, robo y lesiones y robo simple.
La delegación más peligrosa para los encuestadores, con base en las cifras, es Iztapalapa, donde se cometieron nueve de los 31 robos denunciados, seguida de Gustavo A. Madero, donde se reportaron seis y Venustiano Carranza e Iztacalco, donde ocurrieron tres robos.
Iztacalco es donde se denunció el robo más reciente, el 31 de octubre de 2017, cuando un encuestador fue víctima de robo y amenazas mientras realizaba una entrevista para un censo en un departamento del edificio F de la Calle Uno, número 101, colonia Agrícola Pantitlán.
En el caso del Estado de México, Ecatepec, Chimalhuacán y Nezahualcóyotl, son los más peligrosos, pues es donde más robos ha sufrido el personal.
Otros estados en los que los encuestadores del Inegi han sufrido atracos son Puebla (nueve casos), Oaxaca, Michoacán, Hidalgo (siete cada uno), Guerrero (seis), y Chiapas, Chihuahua y Tabasco (cinco en cada uno).
Sin embargo, en entidades como Tamaulipas, Sonora, Nayarit, Yucatán o Quintana Roo no se han reportado actos delictivos.
La información proporcionada por el Inegi en respuesta a una solicitud de transparencia no coincide con reportes periodísticos, los cuales informaron, por ejemplo, que en 2015, dos encuestadores fueron linchados en Ajalpan, Puebla, al ser confundidos con secuestradores; que en 2011, nueve desaparecieron en Apatzingán, Michoacán, y que en 2010, una encuestadora fue acosada sexualmente por un individuo, en Saltillo. En enero pasado Julio Santaella, presidente de la Junta de Gobierno del Inegi, informó que para el levantamiento del Censo de Población y Vivienda 2020 se contratará a más de 150 mil encuestadores para labores de campo, con quienes se aplicará un protocolo de seguridad que incluye contratar a personal local que conozca a qué zonas de cada entidad se puede o no se puede ingresar por motivos de inseguridad.
“La violencia no es algo novedoso para el instituto, ustedes recordarán que el Inegi todo el tiempo está en campo, todo el tiempo estamos levantando encuestas y haciendo otro tipo de operativos geográficos u operativos de soporte de información estadística, la gran diferencia va a ser la magnitud del operativo”, dijo Santaella en esa ocasión. La estrategia en la que se basan, explicó, es preventiva, que incluye como prioridad para salvaguardar la integridad física de los trabajadores del Inegi el uso de uniforme, identificación, los recorridos en cuadrillas y en zonas peligrosas el uso de vehículos, además de no hacer visitas de noche y habilitar teléfonos de emergencia para el contacto permanente, así como la notificación de la visita a organizaciones civiles, como cámaras industriales o empresariales, así como a las autoridades locales e incluso grupos ejidales y asociaciones de colonos.