El “fraude ocupacional” es corrupción para AMX
Carlos Slim Domit, presidente de Amé- rica Móvil (AMX), ordenó actualizar los lineamientos de política anticorrupción que son aplicables por “cada uno de nuestros empleados, representantes, proveedores, distribuidores, contratistas y demás socios comerciales en cada uno de los países en los que operamos”.
La principal operadora de servicios de telecomunicaciones en México incluye al “fraude ocupacional” como un acto de corrupción y falta de ética. Este concepto se refiere al “uso intencional del puesto de trabajo para el enriquecimiento personal, de un tercero u otra entidad a través del uso indebido de los recursos o activos de la empresa”.
El documento de cinco páginas basa su compromiso en las leyes locales anticorrupción como la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y el Código Penal Federal. Toma en cuenta algunas regulaciones internacionales como la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) y obligaciones establecidas por tratados internacionales en concordancia con los 10 principios del Pacto Mundial de la ONU.
Condena cualquier tipo de soborno, fraude o acto ilegal que se presente en la cadena productiva de AMX, define como “corrupción cualquier abuso de poder para obtener algún beneficio para la empresa, personal o un tercero”, y prohíbe en su nombre o representación “hacer donativos o realizar pagos a causas o partidos políticos, con recursos de la empresa o a nombre de América Móvil”. Reconoce que a título personal sí se pueden realizar donativos políticos.
CUARTO DE JUNTO
Hytera Communications, fundada en 1993 y de origen chino, es el segundo proveedor de soluciones de radiocomunicación más importante en el mundo y quiere ofrecer sus innovaciones tecnológicas en materia de seguridad pública... La Comisión de Medio Ambiente que preside el diputado Arturo Álvarez aprobó el dictamen que flexibiliza el marco legal de reservas ecológicas que podría devastar más de 90 millones de hectáreas de áreas naturales. En la minuta hay 15 firmas y en la práctica se requieren por lo menos 16.