Julio Serrano Espinosa,

Desde el ángulo que lo queramos ver, cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en el lago de Texcoco es un error garrafal.

Vamos a los hechos, los cuales no deberían estar en disputa. Se necesita con urgencia construir un nuevo aeropuerto. El actual está rebasado; se construyó hace más de medio siglo, cuando las necesidades del país eran muy distintas. Solo cuenta con una pista efectiva, ya no se da abasto para la creciente afluencia de pasajeros; mantener las cosas como están no es opción.

Estamos en un lugar geográfica y económicamente privilegiado. Tenemos que aprovecharlo. Necesitamos un súper aeropuerto para atraer turistas y negocios y, en consecuencia, fomentar el crecimiento económico.

Se hicieron varios estudios para determinar el mejor lugar posible y el centro de investigación aeronáutica más prestigioso del mundo, Mitre, fue categórico en recomendar el lago de Texcoco. La evaluación técnica que realizó combinó la necesidad de tener un aeropuerto de gran capacidad, que cubra la demanda de las próximas décadas, con el requisito indispensable de que sea seguro para los pasajeros. Santa Lucía, por supuesto, se consideró. Pero resultó ser muy inferior al lago de Texcoco.

La crítica recurrente de López Obrador al nuevo aeropuerto es la supuesta corrupción. No es imposible que exista. Vivimos en un país en el que ha permeado a todos los rincones del gobierno. Sin embargo, el hecho que llegara a existir corrupción no implica que el proyecto del NAIM sea malo y, desde luego, que la solución sea moverlo a un lugar subóptimo. La respuesta debe ser investigar si existen irregularidades y, de descubrirlas, castigar a los culpables con todo el rigor de la ley, ya sea con suspensiones, con multas o incluso con cárcel si se amerita.

Cancelar el NAIM sería costosísimo. Ya se empezaron los trabajos, hay dinero invertido, se han colocado miles de millones de pesos en bonos para financiarlo, de los cuales 13 mil 500 fueron adquiridos por las Afore. Cerca de 45 mil personas trabajan actualmente en la construcción del aeropuerto y se espera que para finales de año se incremente a 70 mil. El dinero es privado, por lo que en principio los recursos del gobierno no están en riesgo, pero las demandas de los afectados vendrían como cascada y además López Obrador ha anunciado que garantizará el pago de los bonos emitidos y que protegerá las inversiones de las Afore.

Pero quizá el mayor costo sea en la reputación. ¿Qué confianza podemos transmitir a inversionistas si no se cumplen los contratos en el país, en lo que representa la obra de infraestructura más importante en décadas?